El Ayuntamiento de Alicante ha revocado la denegación de la licencia de obra para la instalación de macrodepósitos de carburantes en la terminal de mercancías del puerto, apenas unas horas después de haberla comunicado. La causa: un documento de alegaciones de la empresa promotora que, pese a haber sido entregado dentro del plazo, no fue detectado a tiempo por los servicios municipales. Otro fallo burocrático que retrata el desconcierto y la falta de rigor con la que se está gestionando un proyecto de alto impacto para la ciudad.
Más allá del vaivén administrativo, la instalación de estos depósitos sigue siendo motivo de profunda preocupación para buena parte de la ciudadanía. Supone un modelo de desarrollo que apuesta por infraestructuras contaminantes y peligrosas junto al núcleo urbano, lo que pone en riesgo la salud pública, el medio ambiente y la imagen turística de Alicante. La cercanía al mar y a zonas residenciales convierte a este tipo de instalaciones en una amenaza incompatible con una ciudad que debería apostar por un modelo urbano limpio, seguro y sostenible.
La empresa promotora argumenta que su proyecto se ajusta a los 14.500 metros cuadrados de suelo portuario que tiene en concesión, pero la documentación presentada a lo largo del tiempo ha incluido cifras contradictorias: 17.900 metros cuadrados en la solicitud ambiental, 21.500 en la documentación técnica de obra. Esta falta de coherencia ha generado confusión en la tramitación del expediente y ha evidenciado un descontrol administrativo que debilita la confianza ciudadana en la capacidad del Ayuntamiento para frenar proyectos lesivos.
Lo más preocupante es que, lejos de rechazar tajantemente el proyecto, la administración local parece enredada en un proceso lleno de incertidumbres y contradicciones. La resolución que inicialmente negaba el permiso por falta de respuesta de la empresa se ha visto invalidada por la constatación, horas después, de que sí se había entregado documentación. Este error no solo refleja un sistema ineficaz, sino que retrasa aún más una decisión definitiva sobre una obra que nunca debió tener cabida en una ciudad que aspira a un futuro verde y habitable.
La instalación de macrodepósitos de carburante no solo supone un riesgo real para el entorno urbano y el litoral alicantino. También es el reflejo de un modelo agotado, industrialista y especulativo que choca frontalmente con los intereses ciudadanos. La falta de claridad, de planificación y de firmeza en la gestión del expediente solo alimenta la sensación de que quienes gobiernan la ciudad no están a la altura del reto que supone defender Alicante de proyectos que comprometen su salud, su economía y su calidad de vida.
Las promesas de impedir su construcción han durado lo que un trámite administrativo mal gestionado. Ahora, con el expediente reabierto, vuelve a quedar en el aire el futuro inmediato del proyecto. Lo único claro es que Alicante sigue sin una respuesta firme y coherente frente a una amenaza evidente.
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