Este fin de semana, el cementerio municipal de Alicante ha sido escenario de un acto profundamente emotivo. Por primera vez, 14 familias recibieron los restos de sus seres queridos, asesinados durante la represión franquista. En el Cuadro 12 del camposanto, unas 200 personas se congregaron para rendir homenaje a las víctimas, en un acto organizado por la Asociación de Familiares de los Represaliados por el Franquismo del Cementerio de Alicante.
Estos restos llevaban años aguardando su entrega, fruto de una labor lenta, compleja y sufrida que ha permitido, desde 2020, recuperar a casi 300 personas de las fosas comunes de este cementerio. Sin embargo, aún queda cerca de un centenar de familias sin respuestas, sin justicia y sin la posibilidad de cerrar el duelo.
La memoria histórica no es una cuestión del pasado, sino una exigencia del presente. Y más aún en un momento en el que desde ciertos sectores políticos —como el Partido Popular y Vox— se pretende silenciar, minimizar o directamente bloquear las políticas de reparación, como la exhumación de fosas. El ejemplo más evidente es la llamada Ley de Concordia, impulsada por estos partidos, que ha recortado drásticamente los recursos para seguir localizando e identificando a las víctimas del franquismo.
En este contexto, las asociaciones de memoria se enfrentan a una creciente incertidumbre. Las subvenciones para continuar con los trabajos de exhumación siguen sin publicarse o se espera que lleguen reducidas, si es que llegan. Sin apoyo institucional claro, el peso recae cada vez más en los propios familiares, que deben costear arqueólogos, antropólogos forenses y análisis de ADN.
Pero la memoria no es una carga que deba asumir sólo la ciudadanía. Es deber del Estado —y de todos sus niveles de gobierno— garantizar que se respeten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. No se trata sólo de abrir fosas, sino de dignificar la historia y la democracia. Como recuerdan desde la asociación, esto no es sólo una cuestión técnica ni económica: es una cuestión de voluntad política.
La lucha por la memoria democrática sigue viva. Y mientras haya quienes quieran enterrarla bajo discursos de equidistancia o indiferencia, habrá también quienes sigan reclamando dignidad para los suyos. Porque recordar no es abrir heridas: es impedir que se repitan.
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