Cuando se margina el criterio pedagógico y se deja en manos de las familias la elección de cuestiones clave en la educación, como el idioma, el sistema educativo empieza a tambalearse. Seguramente es el fin de partidos que nunca apostaron por la escuela pública, pero desdemocratizar, o infrafinanciar el bien común, hace que la educación de miles de estudiantes se resienta y que el trabajo maravilloso de otros tantos profesores, y profesoras, se ningunee sin necesidad.
El riesgo, como puede comprobarse en estos días previos al comienzo del año escolar, no es menor: aparecen peticiones disparatadas que poco tienen que ver con el interés formativo del alumnado y mucho con la conveniencia de que un niño siga en clase junto a su amigo. El debate sobre la lengua se ha convertido en un auténtico despropósito, más alimentado por intereses políticos que por la reflexión de expertos, y sostenido sobre la idea de un supuesto menosprecio al castellano que no responde a la realidad, porque en muchas zonas, el idioma que de verdad se encuentra en una situación más delicada es el valenciano.
Lo más preocupante es que la política educativa parece pender de un hilo. Si cambia el gobierno, también se modifican los modelos, lo que transmite una sensación de provisionalidad que erosiona la confianza en quienes deberían garantizar estabilidad. Resulta difícil de aceptar que ni en pilares esenciales como la educación, la sanidad o la dignidad de los ciudadanos exista un acuerdo sólido entre representantes.
Este curso, en el que regresan a las aulas 303.200 estudiantes de la provincia de Alicante, arranca marcado por la aplicación de la llamada Ley de Libertad Educativa y por un conseller de Educación que subraya que casi la totalidad del alumnado cursará en la lengua base elegida. Sin embargo, tras ese dato se esconde un trasfondo mucho más profundo: un sistema donde las decisiones cambian al ritmo de los vaivenes políticos y donde la planificación a largo plazo queda relegada.
Mientras tanto, se anuncian nuevos centros, programas de refuerzo, planes de convivencia y mejoras en infraestructuras, pero lo que sigue sin resolverse es la cuestión esencial: una estrategia compartida y estable para la educación, libre de disputas partidistas y que proteja tanto el castellano como el valenciano desde un planteamiento realista y pedagógico.
Deja una respuesta