Mientras la Conselleria sigue volcada en sus políticas lingüísticas —con más energía en imponer el valenciano que en garantizar servicios públicos básicos— y la concejalía de Educación guarda silencio ante las carencias de la escuela pública, el centro de salud Ciudad Jardín de Alicante cumple tres meses con su ascensor averiado. Tres meses. Una eternidad para quienes necesitan asistencia médica y no pueden subir escaleras.
La avería, denunciada inicialmente por los vecinos en marzo, no ha tenido solución más allá de una vaga promesa de futuro: la instalación de un segundo elevador, “en proyecto”, según la Conselleria. Palabras que no alivian el presente de los pacientes, sobre todo los de movilidad reducida, que ven vulnerado su derecho a la atención sanitaria en condiciones dignas.
Ahora es COCEMFE Alicante, la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, quien alza la voz. Y lo hace con contundencia: «Es inaudito», afirma Cristian Ludwig en la Cadena Ser, técnico de accesibilidad de la entidad. Ludwig denuncia la discriminación sistemática hacia el colectivo y la vulneración de derechos fundamentales, algo que no debería ocurrir —y menos aún sostenerse en el tiempo— en un edificio público destinado a la salud.
Durante este tiempo, pacientes en silla de ruedas, personas mayores o con dificultades de movilidad han sido atendidas en salas improvisadas, fuera de sus consultas asignadas. Algunos directamente han dejado de acudir a sus citas. Otros, han sufrido caídas por tener que usar las escaleras. Y todo esto, ante la pasividad institucional.
Las quejas de asociaciones, usuarios y profesionales se acumulan en la Conselleria como papeles olvidados en una bandeja de entrada sin revisar. Y en paralelo, la concejalía de Educación se enreda en reformas cosméticas en lugar de abordar problemas estructurales en los centros escolares públicos, varios de los cuales también arrastran deficiencias graves en accesibilidad o mantenimiento.
La accesibilidad universal no es un capricho. Es un derecho. Y la inacción de las administraciones, en este caso, no solo es negligencia: es una forma de exclusión. Una más.
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