La trampa silenciosa con la que muchas marcas y supermercados llevan años jugando con los bolsillos de los consumidores, conocida como reduflación, por fin tendrá consecuencias. El Gobierno ha anunciado que modificará la ley de Consumo Sostenible para obligar a las empresas a avisar con claridad y visibilidad cuando reduzcan la cantidad de producto sin bajar el precio. Un paso necesario, aunque tardío, frente a una práctica abusiva que ha crecido amparada en la opacidad y el silencio.
La reduflación, que combina reducción e inflación, se ha convertido en una estrategia habitual en los lineales de los supermercados: menos gramos, mismo envase, mismo precio. Es decir, más beneficio para las marcas, más engaño para quien compra. Y aunque esta práctica ha sido legal hasta ahora, organizaciones de consumidores como la OCU llevan años denunciando su carácter profundamente deshonesto y manipulador.
Según la futura reforma legal, que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, los fabricantes deberán informar durante al menos 90 días sobre cualquier reducción de cantidad o número de unidades en un producto si esta implica un aumento del precio por unidad de medida. Lo preocupante es que el aviso no tendrá que estar en el propio envase, sino simplemente en el punto de venta, lo cual puede seguir dejando espacio para la confusión o el despiste.
Esta corrección legislativa llega tras constatar que la reduflación no es una excepción, sino una norma: entre un 5% y un 10% menos de contenido en algunos productos alimentarios sin ningún tipo de aviso, según datos de la OCU. Todo ello con envases que se mantienen idénticos, engañando visualmente al consumidor y erosionando su poder de elección.
El propio Ministerio de Derechos Sociales y Consumo reconoce que esta técnica, aunque legal, “debilita el principio de información veraz y puede inducir a error”. Pero esa crítica no ha impedido que las grandes marcas, con la complicidad pasiva de muchas cadenas de supermercados, hayan continuado con estas prácticas como si la confianza del consumidor fuera un recurso inagotable.
Por ahora, el consumidor solo ha podido defenderse comparando el precio por kilo o litro —obligatorio por ley—, un dato que suele pasar desapercibido frente a la estrategia visual de los envases engañosamente familiares.
Esta nueva medida es un avance, pero insuficiente si no va acompañada de sanciones reales, más inspecciones, y sobre todo, un cambio de mentalidad en un sector que, con tal de proteger sus márgenes de beneficio, no ha dudado en abusar de su posición dominante. El consumidor merece algo más que un cartel escondido entre promociones: merece respeto.
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