La Conselleria de Infraestructuras ha anunciado un nuevo estudio para ampliar la red del Tram d’Alacant hacia el sur, incluyendo zonas de alta densidad como Princesa Mercedes, Florida, Babel o Sant Gabriel, además de áreas limítrofes con Elche como Urbanova, L’Altet, Torrellano, el aeropuerto y el propio casco urbano ilicitano. El informe, que se encargará a una consultora externa por 60.000 euros, pretende evaluar opciones de conexión según su rentabilidad económica, social o ambiental.
Sin embargo, este nuevo paso vuelve a evidenciar una constante: la incapacidad de las administraciones para ponerse de acuerdo en proyectos de gran calado que beneficien al conjunto de la ciudadanía. La conexión ferroviaria entre Alicante y Elche mediante el tranvía es una demanda histórica recogida ya en planes como el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible (Pmome) o en los olvidados Planes de Acción Territorial. Su ejecución debía haberse planteado con seriedad hace más de una década. En cambio, ha sido sepultada bajo capas de estudios, cambios de prioridades y pugnas entre instituciones.
Más que una apuesta por la vertebración territorial y la movilidad sostenible, lo que se ha visto en este tiempo es una carrera por ver quién se apropia simbólicamente del proyecto. La consecuencia es que dos ciudades con fuertes vínculos económicos, sociales y laborales —y separadas por apenas 20 kilómetros— siguen sin estar conectadas por un medio de transporte colectivo de alta capacidad. Mientras tanto, los desplazamientos diarios de miles de personas entre Alicante y Elche continúan dependiendo del vehículo privado, con el impacto ambiental, económico y de saturación de infraestructuras que ello conlleva.
Lo que ahora se plantea no es más que otro estudio. Una diagnosis técnica que, con suerte, verá la luz en diez meses. Se evaluarán posibles conexiones, nodos de intercambio, zonas industriales como Pla de la Vallonga o Las Atalayas, e incluso el aeropuerto, cuya conexión por Tram ya fue valorada en 2011 en 116 millones de euros. Quince años después, ni siquiera se ha resuelto qué entidad gestionaría este hipotético servicio, si sería parte de la red actual de FGV o un sistema paralelo.
En paralelo, Elche también proyecta su propio tranvía, aún sin documentación técnica definitiva, cuyo trazado inicial uniría Carrús con la Universidad Miguel Hernández. Se prevé extenderlo más adelante al Parque Empresarial y al aeropuerto. Las cifras del presupuesto autonómico para esta infraestructura —con apenas 100.000 euros en 2025 para estudios preliminares y una previsión de inversión repartida hasta 2028— dejan claro que el horizonte de ejecución sigue siendo lejano y, sobre todo, incierto.
Una vez más, el urbanismo y la movilidad se ven condicionados no por criterios técnicos o sociales, sino por un clima político donde los consensos estructurales parecen imposibles. Y mientras se repite el ciclo de promesas, anuncios y estudios, Alicante y Elche siguen desconectadas. No por falta de recursos o de ideas, sino por una falta de voluntad real de trabajar juntos, más allá de los colores políticos, por una infraestructura que debió estar en marcha hace al menos diez años.
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