El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la ampliación de la moratoria para nuevas licencias de bloques de apartamentos turísticos, extendiéndola también a pensiones y albergues. Esta decisión, que llega con un retraso evidente y tras meses de presión vecinal y señales claras de saturación, pone de manifiesto una reacción tardía frente a un problema que ya afecta de lleno al tejido urbano y social de la ciudad. Alicante no merece lo que está viviendo: una transformación acelerada y descontrolada de su espacio residencial en escaparate turístico, con el consiguiente impacto en el acceso a la vivienda y la vida de barrio.
Aunque el Partido Popular ha impulsado la medida, lo hace después de haber permitido durante demasiado tiempo un modelo que ha favorecido a grandes inversores en detrimento de los vecinos. El PSOE ha apoyado la iniciativa, pero exige acciones concretas para atajar la crisis de vivienda, como un mayor impulso al alquiler social y apoyo al pequeño comercio, que sufre las consecuencias del desplazamiento poblacional y la gentrificación.
El anuncio se produce, además, en plena polémica por el caso de la librería 80 Mundos, símbolo cultural de la ciudad, que podría desaparecer por la conversión de su edificio en un nuevo bloque turístico. El gobierno local evita dar detalles, mientras niega que esta situación haya influido en su decisión.
La moratoria, que se prolongará hasta enero de 2027, se presenta como una oportunidad para diseñar una normativa más clara, pero para muchos llega cuando el daño ya está hecho. Con más de 80 bloques turísticos registrados y sin un control real sobre los alojamientos ilegales, colectivos como Compromís denuncian la falta de medidas efectivas y Vox critica que se limite la inversión en lugar de perseguir la ilegalidad.
Mientras tanto, la ciudadanía empieza a organizarse. La plataforma ‘Alicante ¿Dónde vas?’ ha convocado una manifestación bajo el lema “Alicante no se vende”, en respuesta al malestar creciente ante la turistificación del centro urbano y la expulsión de los residentes. La protesta es un grito colectivo que resume el sentir de muchos alicantinos: la ciudad no puede seguir por este camino. La moratoria es necesaria, pero llega tarde, y lo que está en juego es mucho más que una normativa urbanística.
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