Un nuevo informe de Greenpeace, acompañado de un mapa satelital, denuncia la proliferación urbanística en Pego y alerta sobre la subida del nivel del mar en Dénia, Xàbia, Calp y Moraira, agravada por el cambio climático. La organización critica a la Generalitat Valenciana por fomentar modelos de desarrollo insostenibles que ignoran la crisis climática y la escasez de agua.
El estudio señala el incremento de fenómenos extremos, la erosión del litoral, la pérdida de biodiversidad y la impermeabilización del suelo como factores que elevan el riesgo de inundación en los primeros 10 km de costa. Especialmente preocupante es el calentamiento del Mediterráneo, que se produce hasta tres veces más rápido que la media global, intensificando temporales y acelerando la subida del mar.
Urbanismo desmedido
El informe destaca dos macroproyectos en Pego:
- PAI Penya Roja, con 1.200 viviendas en zona montañosa y vista al mar.
- PAI Pego Golf, con 1.300 viviendas y un campo de golf, pese a contar con una Declaración de Impacto Ambiental caducada.
Greenpeace advierte que, con solo 3.500 habitantes, Pego podría enfrentar problemas de abastecimiento y afectar la Marjal de Pego-Oliva, un humedal protegido.
También se denuncian miles de nuevas viviendas en Dénia y Xàbia, y urbanizaciones en zonas inundables como el llamado “Manhattan de Cullera”, con 5.000 viviendas y 35 torres de hasta 25 plantas.
Zonas en riesgo
El informe identifica como especialmente vulnerables a la subida del mar y a inundaciones:
- Les Salines y Arenal de Calp
- Moraira
- Portitxol y litoral de Xàbia
- Les Marines, Les Bovetes y Les Deveses de Dénia
- La Marjal de Pego-Oliva
En Dénia, la Marineta Cassiana se convirtió en un lago tras las lluvias de octubre de 2024.
Soluciones urgentes
Greenpeace propone:
- Renaturalizar la costa, priorizando humedales, playas y dunas frente a infraestructuras grises.
- Frenar la expansión urbanística en zonas de riesgo.
- Reformar el modelo turístico, con límites al crecimiento, control de viviendas turísticas y mejora del transporte público.
Con una moderada reducción de emisiones, se podría evitar el 40 % del retroceso de playas a nivel global. Proteger el litoral supondría beneficios económicos, sociales y ecológicos a largo plazo.
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