Mientras el mercado inmobiliario español roza máximos no vistos desde el estallido de la burbuja hace casi dos décadas, el acceso a la vivienda se convierte en un privilegio reservado para fondos, bancos y grandes tenedores. Los gobiernos, lejos de frenar esta maquinaria especulativa, continúan permitiendo que la vivienda —derecho fundamental— se trate como si fuera una ficha de casino.
- Solo el 14% de las hipotecas son para comprar una primera vivienda
Los datos son demoledores: solo uno de cada siete préstamos hipotecarios se concede para que alguien acceda a su primera vivienda. El resto —más del 56%— va directamente a alimentar el ciclo especulativo de quienes compran para alquilar, reformar y revender. Mientras tanto, la juventud y las familias trabajadoras se ven obligadas a vivir de alquiler en condiciones abusivas o a seguir en casa de sus padres porque el sistema no les deja otra opción. ¿Dónde están las políticas de vivienda digna que prioricen a quienes no tienen nada?
Una de cada diez viviendas, en manos de empresas y fondos
Según datos del Colegio de Registradores, las empresas ya compran más del 12% del total de pisos vendidos. Este porcentaje no incluye a los particulares que compran por inversión, ni a quienes compran sin hipoteca: más de 220.000 viviendas fueron adquiridas al contado en 2024, una cifra inasumible para cualquier trabajador medio. ¿Quién tiene ese dinero? Exacto: empresas, bancos, promotoras y fondos de inversión que compran bloques enteros para después marcar los precios del alquiler y la venta a su antojo.
Todo esto ocurre ante la pasividad cómplice de los gobiernos, que siguen sin regular con seriedad el mercado. ¿Qué se ha hecho para frenar la acumulación de viviendas en manos de especuladores? Nada efectivo.
A esto hay que añadir el 14,6% de viviendas compradas por extranjeros, la mitad de fuera de la UE. Aunque la infame «golden visa» fue eliminada en abril, su rastro especulativo aún se nota en zonas como la costa mediterránea o las islas, donde los precios ya son inasumibles para la población local. ¿Por qué se ha permitido durante tanto tiempo que se venda el país al mejor postor, mientras los españoles no pueden permitirse vivir en sus propias ciudades?
Si se quiere resolver de verdad la crisis de la vivienda, hay que dejar de gestionar el problema con tibieza y falsas soluciones. Esto pasa, de forma ineludible, por:
- Priorizar a quienes no tienen ninguna vivienda, ofreciendo alquiler o compra social sin posibilidad de especulación ni reventa. Que nunca más se repita la aberración de vender viviendas “de protección” a personas con sueldos de más de 4.000 euros mensuales.
- Limitar el número de compra-ventas y penalizar fiscalmente con dureza a las empresas y fondos que compran pisos en masa, porque no son compradores, son acaparadores.
- Blindar legalmente la función social de la vivienda, como bien de uso, no de lucro.
- Fomentar una política pública de vivienda transparente, fiscalizada y efectiva, que impida el saqueo del parque inmobiliario por parte de los mismos de siempre.
Porque mientras el Gobierno mira a otro lado, la vivienda en España se convierte en el mayor generador de desigualdad, precariedad y desesperanza y en Alicante estamos viviendo en primera persona el efecto de la gentrificación.
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