Ante la previsión de lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento, varios municipios de la provincia de Alicante —Alicante, El Campello, San Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Elche, Santa Pola o Cox— han decretado la suspensión de las clases este martes, apenas un día después del inicio del curso escolar. La alerta naranja emitida por Aemet obliga a cerrar colegios, institutos, universidades y actividades al aire libre.
Pero la decisión abre una vez más un debate pendiente: si los niños corren peligro desplazándose o permaneciendo en centros escolares, ¿por qué no se aplican las mismas medidas de protección a los adultos? Muchos trabajos pueden realizarse hoy en día en modalidad de teletrabajo, y sin embargo, la gran mayoría de personas se ven obligadas a desplazarse con normalidad, exponiéndose a los mismos riesgos que se tratan de evitar en los más pequeños.
Los ayuntamientos han recomendado el teletrabajo únicamente para el personal municipal “si procede” y en caso de dificultades para desplazarse, dejando en manos de cada responsable la decisión final. Una medida claramente insuficiente en un contexto donde la seguridad debería primar por igual para todas las personas, no solo para los escolares.
La suspensión parcial, limitada a la enseñanza, también supone un quebradero de cabeza para las familias, que deben organizarse de manera improvisada para conciliar trabajo y cuidados. Una contradicción evidente: se reconoce el peligro para los menores, pero se ignora tanto el riesgo para los adultos como la realidad de muchas familias que no tienen alternativa inmediata.
Mientras tanto, en zonas como la Vega Baja ya se han registrado episodios de gran intensidad, con precipitaciones superiores a 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora, caída de árboles, postes y rachas de viento de hasta 100 km/h según el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Un escenario que demuestra que la alerta no es un mero trámite administrativo, sino una situación que compromete seriamente la seguridad de toda la población.
Quizá haya llegado el momento de revisar los protocolos: si la meteorología obliga a suspender las clases para proteger a los niños, lo coherente sería extender esa protección al conjunto de la ciudadanía. Porque el derecho a la seguridad, y a una conciliación real, debería aplicarse a todos por igual.
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