La resolución permitirá aclarar cómo deben coordinarse la planificación portuaria y urbanística
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Autoridad Portuaria de Alicante contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló la modificación puntual número cinco del Plan Especial del Puerto, destinada a actualizar los usos del muelle de Levante dentro del nuevo marco de relación puerto-ciudad.
La decisión del Supremo supone que el caso vuelva al tribunal valenciano para que emita una nueva sentencia en la que responda a los aspectos que quedaron pendientes de valoración en la resolución anterior.
El alto tribunal considera que el asunto tiene “interés casacional”, ya que permitirá clarificar si la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP) debe estar aprobada antes de iniciar la elaboración de un Plan Especial o si ambos documentos pueden tramitarse simultáneamente, siempre que la DEUP esté vigente en el momento de la aprobación definitiva del plan urbanístico.
En el caso del Puerto de Alicante, el debate se centra en la modificación puntual número cinco del Plan Especial, que contempla la adaptación de los usos del muelle de Levante. El TSJCV anuló dicha modificación al entender que se había tramitado antes de la aprobación definitiva de la DEUP.
El Tribunal Supremo señala que la normativa aplicable —concretamente los artículos 56.1 y 56.2 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante— busca garantizar la coordinación entre la planificación portuaria y la urbanística, permitiendo la tramitación paralela siempre que exista coherencia en el momento final de aprobación.
Impacto en la ordenación portuaria
Según la Autoridad Portuaria, la admisión del recurso desbloquea la situación del proyecto de la nueva marina deportiva prevista en el dique de Levante y abre la puerta a fijar doctrina sobre la relación entre los instrumentos de planificación estatales y municipales.
La institución considera que la resolución del Supremo ayudará a clarificar un aspecto técnico relevante para la gestión portuaria en España y permitirá reforzar la coordinación entre administraciones en la ordenación de los espacios portuarios.
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