El Tribunal Constitucional ha dicho no Y con ese no, la deuda sigue viva.
La sala ha inadmitido el recurso de amparo del Ayuntamiento de Benidorm por no apreciar “especial trascendencia constitucional”. La frase es breve. El efecto, devastador: el Consistorio debe afrontar el pago de más de 350 millones de euros por los terrenos del APR-7 de Serra Gelada. No hay suspensión. No hay refugio jurídico.
En el Ayuntamiento se habla de esperar. Esperar informes. Esperar directrices. Al otro lado, los propietarios también callan. Prudencia, dicen. El silencio pesa porque el dinero no está y el tiempo corre.
Desde la oposición se exigen responsabilidades políticas. Se habla de una decisión previsible y preocupante. Se habla de dimisiones. El gobierno municipal, de momento, guarda silencio.
La sentencia no tiene precedentes en el urbanismo español. La indemnización equivale a más del doble del presupuesto anual de Benidorm y compromete de forma grave la estabilidad financiera del municipio. No es una cifra abstracta: es una losa.
El origen del conflicto está en 2003. Un convenio urbanístico. Una promesa de trasladar edificabilidad a cambio de unos terrenos que, poco después, quedarían protegidos como Parque Natural. Serra Gelada cambió de estatus, pero los convenios siguieron vigentes. Se prorrogaron. Se mantuvieron. Nadie los resolvió.
Cuando los propietarios reclamaron, el Ayuntamiento incumplía. En 2015 pidieron compensación. En 2018 acudieron a los tribunales. Perdieron primero. Ganaron después. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana les dio la razón. El Supremo no admitió el recurso. El Constitucional tampoco.
Hoy, el Ayuntamiento sostiene que aquellos convenios son nulos de pleno derecho. Que nunca debieron existir. Ha abierto vías judiciales paralelas para anular la responsabilidad patrimonial. Algunas ya han sido rechazadas. Otras siguen abiertas. Pero la sentencia principal es firme. Y la deuda, real.
Benidorm vuelve al punto de partida, pero con veinte años perdidos y una factura histórica sobre la mesa. La pregunta ya no es quién tenía razón entonces. La pregunta es quién va a asumir ahora las consecuencias.
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