La provincia de Alicante, ya en situación crítica por la escasez de recursos hídricos, se enfrenta ahora a un nuevo revés que podría agravar el riesgo de sequía. El Tribunal Supremo ha dictaminado que los caudales ecológicos del río Tajo —aquellos necesarios para preservar el equilibrio medioambiental del río— deben aplicarse de inmediato en los tramos protegidos, y no de forma progresiva hasta 2027 como se preveía inicialmente. Esta decisión afecta directamente al trasvase Tajo-Segura, del que depende una parte sustancial del abastecimiento agrícola y urbano del sur de la provincia.
Un golpe a los regadíos alicantinos
La sentencia anula el marco jurídico que permitía cierta flexibilidad temporal en el cumplimiento de los objetivos medioambientales del Tajo, afectando a tramos clave entre los embalses de Bolarque y Valdecañas, lo que se traduce en una reducción inmediata del agua disponible para trasvasar al Segura. Esta decisión perjudica especialmente a los regadíos de Alicante, cuya viabilidad ya estaba en entredicho tras las recientes restricciones del Ministerio para la Transición Ecológica, que redujo el caudal trasvasado mensual de 60 a 24 hectómetros cúbicos.
La Generalitat Valenciana ha calificado la situación de “castigo injustificado” y reclama medidas urgentes para garantizar el acceso al agua. El presidente autonómico, Carlos Mazón, ha apelado a la “unidad de todos los españoles” para “defender el agua que necesita nuestra tierra y garantizar el futuro que nos merecemos”.
¿Qué alternativas quedan para Alicante?
Con el trasvase cada vez más limitado, Alicante necesita diversificar sus fuentes de agua si quiere mantener su modelo agrícola y garantizar el suministro urbano. Las desaladoras, una solución costosa pero viable, vuelven al centro del debate. Actualmente, la provincia cuenta con instalaciones como las de Mutxamel, Torrevieja y Denia, pero su capacidad no es suficiente para compensar por completo el déficit hídrico que dejaría un trasvase mermado.
Además, se plantean otras opciones:
- Ampliación de plantas desaladoras existentes y construcción de nuevas.
- Mejoras en la eficiencia del riego agrícola, mediante tecnología de precisión.
- Reutilización de aguas residuales depuradas, tanto en usos agrícolas como urbanos.
- Establecimiento de una reserva estratégica estatal de agua, con una planificación solidaria entre cuencas.
Riesgo de fractura territorial
La sentencia del Supremo, celebrada por plataformas en defensa del Tajo, como GRAMA o la Red del Tajo, pone de manifiesto el conflicto creciente entre regiones receptoras (Alicante, Murcia, Almería) y cedentes (Castilla-La Mancha, Madrid). Para muchos dirigentes de Castilla-La Mancha, como Emiliano García-Page, el fallo representa el “fin del trasvase tal y como se concibió”, blindando una postura más restrictiva y proteccionista sobre los recursos del Tajo.
Alicante, en la encrucijada
El escenario que se dibuja deja a Alicante en una posición comprometida. La agricultura, uno de sus pilares económicos, podría verse seriamente afectada, y el abastecimiento urbano dependería aún más de soluciones técnicas y costosas.
Ante esta situación, la necesidad de un pacto nacional del agua vuelve a cobrar fuerza, con un enfoque que combine sostenibilidad medioambiental con solidaridad territorial. Mientras tanto, en Alicante se extiende la preocupación: el agua, cada vez más, se convierte en un bien estratégico y escaso.
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