El Ayuntamiento de Alicante continúa sin elaborar el censo de edificaciones con amianto, un requisito legal establecido por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa, en su disposición adicional decimocuarta, establece que todos los municipios deben contar con un inventario detallado de inmuebles, tanto públicos como privados, que contengan este material, con el fin de planificar su retirada progresiva. El plazo para su publicación venció el 10 de abril de 2023.
El amianto, también conocido como asbesto, es un conjunto de minerales fibrosos que fue ampliamente utilizado en la construcción por sus propiedades aislantes y su resistencia al calor. Sin embargo, su uso está prohibido desde 2002 debido a su elevada peligrosidad. Cuando envejece o se manipula, libera fibras microscópicas que, al ser inhaladas, pueden provocar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma o distintos tipos de cáncer pulmonar. La Organización Mundial de la Salud lo considera una de las principales causas de muerte relacionada con el trabajo en el ámbito global.
Uno de los principales peligros del amianto es que puede estar presente sin ser detectado durante años, especialmente en cubiertas, bajantes, depósitos o elementos de fibrocemento. Sin una identificación clara, los edificios afectados pueden seguir utilizándose, a menudo por colectivos vulnerables como niños o personas mayores, sin medidas adecuadas de protección ni planificación para su retirada.
Mientras otros municipios ya han realizado este inventario, identificando miles de metros cuadrados de instalaciones con presencia de amianto y elaborando planes para su retirada, Alicante sigue sin ofrecer información pública al respecto. Esta falta de actuación impide conocer la dimensión del problema, dificulta la intervención preventiva y supone un riesgo para la salud pública.
En este contexto, desde el Grupo Municipal Socialista se anuncia la presentación de una propuesta de ordenanza municipal para impulsar la elaboración urgente del censo, así como la programación de su retirada progresiva en todos aquellos edificios donde se confirme la presencia de este material tóxico. El objetivo es dar cumplimiento a la legislación vigente y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante una actuación planificada y transparente.
Deja una respuesta