Alicante ha vivido una jornada especialmente dura marcada por varios desahucios que evidencian no solo la fragilidad de muchas familias, sino también el fallo de las instituciones en garantizar sus derechos. Dos desalojos se han ejecutado este miércoles y un tercero fue evitado solo porque la familia afectada abandonó su vivienda antes de la intervención judicial. Pero lo más grave ha sido el desalojo erróneo de una vivienda habitada por una mujer mayor, enferma y sin ninguna deuda pendiente.
El error se produjo en un edificio de la calle General Espartero. El desahucio previsto era para un bajo insalubre donde vivía una familia en situación vulnerable. Sin embargo, fue desalojada otra vivienda del mismo edificio, perfectamente habitable y en la que residía una mujer de 74 años con cáncer metastásico y necesidad de oxígeno permanente. A pesar de estar al corriente de todos los pagos, fue expulsada sin que se corrigiera el fallo administrativo.
Este caso refleja una preocupante descoordinación en los procedimientos judiciales y administrativos, que pone en riesgo la integridad física y emocional de personas en situaciones ya precarias. Además, alimenta la sospecha de que tras algunos de estos desalojos podría haber intereses especulativos, como la transformación de edificios completos en apartamentos turísticos.
En otro punto de la ciudad, en el barrio de Nou Alacant, otra pareja de edad avanzada fue desalojada de la vivienda que ocupaban tras haberla perdido durante la anterior crisis económica. A pesar de vivir con un contrato de alquiler social, su casa fue vendida a un fondo inversor y revendida posteriormente a una particular, que ha comenzado un proceso de adquisición de varios inmuebles en el edificio. La presión vecinal no impidió el desalojo, llevado a cabo con fuerte presencia policial.
Vecinos denuncian que la intención final de la nueva propietaria sería convertir esas viviendas en pisos turísticos, iniciando reformas sin permisos y ejerciendo presión sobre el resto de inquilinos mediante amenazas, subidas abusivas de alquiler y barreras lingüísticas para evitar cualquier tipo de diálogo.
Este miércoles negro en Alicante no solo pone de relieve la dura realidad que viven muchas familias, sino también una preocupante falta de mecanismos eficaces por parte de las administraciones para proteger a quienes están al borde de la exclusión. Más allá de los errores y los intereses privados, estos casos exigen una reflexión colectiva: cualquiera podría verse en esta situación. La empatía y la exigencia de responsabilidad institucional son imprescindibles para evitar que historias como estas se repitan.
Deja una respuesta