A pesar de la creciente presión por limitar la construcción en el litoral y de la entrada en vigor de una reformada Ley de Costas más restrictiva, el Ayuntamiento de Benidorm ha documentado ante la Conselleria de Medio Ambiente su disposición a levantar una nueva torre de hasta 58 plantas en la parcela que actualmente ocupan las polémicas torres Gemelos 28, cuya demolición está prevista para 2029.
La propuesta llega en un momento de creciente alarma social e institucional por la saturación urbanística que sufre la costa alicantina. Edificios de gran altura, como el que se plantea ahora, han sido durante décadas símbolo del modelo turístico expansivo de Benidorm, pero también de sus consecuencias: masificación, presión sobre los recursos naturales, infraestructuras desbordadas y degradación del paisaje.
La sentencia firme de 2017, que ordenó el derribo de Gemelos 28 por ocupar parte del dominio público marítimo-terrestre —aunque solo sean seis metros— se basó en una infracción clara de la normativa de la Ley de Costas, que protege las franjas litorales para evitar la privatización y deterioro del espacio natural. Lejos de significar un punto de inflexión, el planeamiento actual sugiere una reinterpretación de los límites: el nuevo rascacielos se levantaría justo fuera de la servidumbre protegida, aprovechando el vacío legal que permite “materializar la edificabilidad en altura” sin un número máximo de plantas.
Según el informe municipal, la nueva torre ocuparía una superficie de 459 m² y contaría con pequeños apartamentos de apenas 41 m² útiles, destinados claramente al uso turístico intensivo, un enfoque que refuerza las críticas sobre la turistificación agresiva del litoral.
Modelo agotado
La imagen proyectada por este nuevo edificio, más del doble de alto que las actuales torres de Gemelos 28, simboliza la persistencia de un modelo de desarrollo urbanístico que muchos expertos consideran ya agotado. Arquitectos, urbanistas y asociaciones ecologistas alertan de que esta “verticalización del litoral” contribuye a la pérdida de identidad del paisaje mediterráneo, así como al desequilibrio entre residentes y turistas.
A esto se suma la dificultad que enfrenta la Generalitat para ejecutar la sentencia: el coste estimado de derribar las torres y compensar a los propietarios asciende a 100 millones de euros, una factura pública que asume el error urbanístico cometido hace dos décadas por la Administración autonómica, cuando se otorgó la licencia en contra de lo que dictaba la normativa costera vigente.
Una ley ignorada
La nueva Ley de Costas, que refuerza los mecanismos de protección y limita la ocupación urbanística en zonas sensibles, parece tener un impacto limitado frente a los intereses inmobiliarios y turísticos. Las autoridades locales insisten en que, una vez liberada la servidumbre legal, se abre la posibilidad de reconstruir de forma más intensa.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ya dejó claro en su auto de 2017 que la protección del medioambiente debe prevalecer sobre los intereses económicos: “Consideramos que deben prevalecer los valores naturales y paisajísticos frente a un coste económico, aunque el mismo sea elevado”.
Este caso plantea una pregunta crucial: ¿es coherente seguir apostando por megarascacielos turísticos mientras el litoral sufre los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la presión de un turismo de masas que ahoga a las poblaciones locales?
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