La indignación crece entre los vecinos de San Gabriel, uno de los barrios más castigados por el caos del transporte público en Alicante. Tras un “inicio de curso caótico”, la Asociación de Vecinos ha anunciado que exigirá al Ayuntamiento la reposición inmediata de los autobuses de la línea 1 —la única que conecta directamente el barrio con el centro—, así como de otras rutas recortadas este verano.
El malestar vecinal se une al de los trabajadores de Masatusa, empresa concesionaria del servicio, representados por Comisiones Obreras. Ambos coinciden en que los recortes aplicados el pasado 14 de julio en las líneas 1, 3, 6, 8 y 10 han deteriorado gravemente la movilidad urbana. Desde entonces, las esperas se alargan, los vehículos van saturados y los usuarios viajan, literalmente, “como sardinas en lata”.
El Ayuntamiento, sin embargo, insiste en que los ajustes responden a un descenso de la demanda y defiende que el servicio “se presta conforme al contrato”, según ha confirmado Vectalia, la empresa del grupo Masatusa. Una explicación que ni los sindicatos ni los usuarios comparten.
Desde Comisiones Obreras, su delegado Manuel Aldeguer advierte en la Cadena Ser que la reducción no se corresponde con un supuesto bajón de pasajeros, sino con el fin de las tarjetas de transporte gratuitas. “La gratuidad terminó, pero los autobuses siguen igual de llenos”, explica, apuntando a una planificación errónea del consistorio.
Una movilidad que va a contracorriente
La falta de frecuencias adecuadas, los trayectos suprimidos y la ausencia de alternativas como el TRAM a los barrios periféricos, a Sant Joan o a Elche, ponen de relieve una estrategia de movilidad urbana anclada en el pasado. Alicante sigue sin una red pública eficiente que conecte de forma sostenible su área metropolitana. Mientras otras ciudades amplían su red de tranvías y priorizan el transporte colectivo, aquí los usuarios se ven abocados a usar el coche privado.
Los principales perjudicados son los de siempre: trabajadores, estudiantes y mayores que deben desplazarse a diario al centro o a los servicios sanitarios de Babel, y que, ante la falta de plazas y frecuencias, ven cómo algunos autobuses simplemente pasan de largo.
Desde el Ayuntamiento se escudan en que el nuevo contrato “pretende un servicio más dinámico y eficiente” y que, si la demanda aumenta, se estudiarán refuerzos “en la Mesa de Transporte”. Sin embargo, en la práctica, la realidad diaria de miles de usuarios contradice ese discurso optimista: frecuencias insuficientes, falta de asientos, conexiones inexistentes y una red provincial desconectada del conjunto de la comarca.
Mientras tanto, la ciudad continúa sin resolver una de sus grandes asignaturas pendientes: un transporte público digno, vertebrador y moderno. Porque cuando los autobuses van llenos y los barrios quedan aislados, no se trata solo de movilidad, sino de desigualdad.
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