El Pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Alicante se vio interrumpido este jueves por el desalojo policial de representantes de los Sindicats de Vivenda de Zona Nord y Carolines, que habían accedido a la sesión para denunciar la situación de emergencia habitacional que atraviesan numerosos barrios de la ciudad.
Los colectivos pretendían visibilizar una realidad que, aseguran, no se refleja en encuestas ni discursos oficiales: familias empobrecidas, comercios de proximidad cerrando y vecinos que pierden sus viviendas sin alternativas habitacionales. De hecho, antes de acudir al consistorio, los sindicatos lograron aplazar un desahucio en la Colonia Requena que afectaba a una familia vulnerable con tres menores, el padre en paro y una abuela que ya había sido desahuciada previamente.
Durante la sesión plenaria, y ante las consignas coreadas por los manifestantes —entre ellas “Quien siembra miseria, recoge rabia”—, el alcalde Luis Barcala ordenó el desalojo inmediato de los protestantes, que se produjo mientras la oposición formulaba preguntas “in voce”. Según los afectados, la actuación policial fue desproporcionada. Miguel Sanz, portavoz del Sindicat de Vivenda de Zona Nord, denunció haber sido arrastrado por dos agentes y sujetado por la mandíbula, lo que le provocó dolor cervical. También afirmó que los manifestantes fueron insultados y advertidos de posibles denuncias por alteración grave del Pleno.
Desde los sindicatos lamentan que no se les permitiera ni un minuto para exponer públicamente la situación que viven cientos de familias en la ciudad. Consideran que la respuesta institucional evidencia la falta de voluntad política para afrontar el problema de la vivienda, mientras se prioriza un modelo urbano que, a su juicio, expulsa a la población más vulnerable.
Regulación de apartamentos turísticos
En la misma sesión plenaria, el equipo de gobierno aprobó inicialmente la modificación puntual número 52 del PGOU, destinada a regular los alojamientos turísticos. La nueva normativa limitará la implantación de apartamentos turísticos en barrios saturados, aunque no contempla restricciones para hoteles de lujo y establece criterios más flexibles para establecimientos de tres y cuatro estrellas.
Desde la oposición y plataformas ciudadanas como Alicante Dónde Vas se criticó que la medida llega tarde y que carece de eficacia si no se intensifican las sanciones contra los pisos turísticos ilegales. Los grupos municipales del PSOE, Compromís y EU-Podem se abstuvieron en la votación, señalando que la ciudad necesita una planificación que priorice el derecho a la vivienda y el equilibrio territorial.
Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Villar, defendió que se trata de una aprobación inicial abierta a alegaciones y anunció que, tras las fiestas navideñas, se firmará el convenio con la Generalitat para que el Ayuntamiento pueda asumir competencias sancionadoras en esta materia.
La modificación urbanística salió adelante únicamente con los votos del equipo de gobierno.
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