Alicante se está convirtiendo, poco a poco pero de forma inexorable, en una ciudad sin alma. La vida de barrio, la independencia de sus jóvenes, la dignidad de miles de familias, todo ello requiere un espacio para crecer… pero ese espacio se está vendiendo al mejor postor. Y no a sus habitantes, sino a quienes ven en cada piso una oportunidad para especular. Y en los que lo permiten, vanagloriándose de ser constitucionalistas pero olvidan siempre el artículo 47 que recordamos, por si a alguno-a se le ha olivdado
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Ocho de cada diez viviendas que se compran en la ciudad no están destinadas a vivir en ellas, sino a inflar el mercado y multiplicar beneficios. Empresas y fondos buitre han encontrado en Alicante un filón, y mientras tanto, los precios del alquiler han escalado hasta niveles inasumibles: un 69 % más caros que hace cinco años, con barrios donde la subida supera el 100 %. Según Idealista, desde 2020 en zonas como Parque Avenidas-Vistahermosa el precio por metro cuadrado ha pasado de 5,3 a 11,5 euros.
El resultado es un mercado ferozmente excluyente. Familias trabajadoras, autónomos y perfiles con menos estabilidad laboral son descartados antes incluso de presentar su solicitud. El alquiler se ha convertido en un lujo: en 2025, una familia alicantina media debe destinar ya el 37 % de sus ingresos a pagar la renta.
Y todo esto sucede sin que las administraciones reaccionen de forma proporcional a la gravedad del problema. Las políticas aplicadas desde 2019 no han frenado la escalada; al contrario, han reducido la oferta disponible y han incentivado que más propietarios retiren sus pisos del alquiler residencial para volcarse en el turístico o la venta especulativa.
Mientras en el Centro de Alicante se pagan 13,3 €/m² y en Playa de San Juan-El Cabo 14,7 €/m² —con incrementos cercanos al 73 % en apenas cinco años—, barrios como Benalúa, San Gabriel, La Florida o Babel han visto subidas del 17 % solo en el último año. El fenómeno ya no es aislado: todos los distritos, salvo contadas excepciones, superan el 65 % de aumento acumulado desde 2020.
La ciudad se vacía de quienes la construyen día a día y se llena de inversores que la ven como un activo financiero. Los responsables públicos, en vez de blindar el derecho a la vivienda, parecen más preocupados por no molestar al capital inmobiliario. Alicante no solo está perdiendo pisos asequibles; está perdiendo su carácter, su comunidad y su futuro.
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