La mayor contrata de la historia del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, destinada al servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos, se encuentra en una situación de incertidumbre tras la presentación de un recurso que podría anular el proceso de adjudicación.
El contrato, valorado en cerca de 85 millones de euros y con una duración de diez años, fue adjudicado a la empresa Prezero. Sin embargo, la UTE Eco Actrins SLU y STV Gestión, que quedó en segundo lugar, ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales alegando irregularidades en la valoración de las ofertas técnicas. Según esta empresa, los informes emitidos carecen de justificación y motivación suficientes, lo que vulneraría los principios básicos de igualdad, transparencia y seguridad jurídica en la contratación pública.
Mientras el tribunal analiza el recurso, la puesta en marcha del servicio permanece paralizada, lo que agrava un problema que se repite en muchas ciudades gestionadas por el Partido Popular: la falta de un modelo coherente de limpieza y gestión de residuos.
En estos municipios, la cuestión no depende únicamente de qué empresa obtenga el contrato, sino de la ausencia de una estrategia real de concienciación ciudadana, reciclaje y sostenibilidad. Sin un plan integral que coordine recursos, infraestructuras y educación ambiental, los servicios de limpieza continúan mostrando deficiencias estructurales pese a las fuertes inversiones y los nuevos contratos.
La situación en San Vicente del Raspeig ilustra así una tendencia más amplia: la limpieza urbana sigue siendo uno de los principales retos municipales, no por falta de adjudicaciones millonarias, sino por la carencia de un modelo sólido que garantice resultados duraderos y sostenibles.
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