La Justicia de la Unión Europea ha confirmado la validez de la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental, una medida clave para la conservación de ecosistemas marinos vulnerables y la lucha contra el cambio climático.
El fallo del Tribunal General de la UE respalda plenamente la normativa impulsada por la Comisión Europea, que restringe la pesca de arrastre de fondo en zonas identificadas como de alto valor ecológico. Se trata de áreas donde se encuentran hábitats sensibles como jardines de corales de aguas frías, campos de esponjas y bancos de peces que, en caso de ser destruidos, tardarían décadas o incluso siglos en recuperarse.
Una práctica destructiva en el centro del debate
El arrastre de fondo es considerado una de las técnicas pesqueras más agresivas. Consiste en arrastrar grandes redes con pesos por el lecho marino, removiendo indiscriminadamente todo lo que encuentran a su paso. Además del daño directo a los ecosistemas, esta práctica libera carbono almacenado en los sedimentos, lo que contribuye al calentamiento global.
Organizaciones ambientales y científicos han advertido durante años sobre los efectos irreversibles de esta técnica, particularmente en zonas profundas donde las especies se reproducen lentamente y los hábitats son especialmente frágiles.
La justicia prioriza la protección ambiental
En su sentencia, el Tribunal General de la UE dejó en claro que la selección de las zonas protegidas se realizó sobre una base científica sólida y que no era necesario evaluar los posibles impactos económicos en el sector pesquero o comparar otros métodos de pesca. El objetivo, según los jueces, es proteger especies vulnerables y garantizar la salud de los ecosistemas marinos.
La normativa había sido impugnada por España y representantes de la industria pesquera, que cuestionaron tanto el proceso de selección de las áreas como el impacto sobre la actividad económica. Sin embargo, el fallo judicial fortalece el enfoque conservacionista adoptado por la Unión Europea.
“Nos alienta ver que el Tribunal General de la UE defiende de nuevo los principios de protección jurídica, manteniendo estas zonas del océano a salvo de daños y garantizando poblaciones sanas de peces y fauna marina”, expresó Francesco Maletto, abogado de la organización ambientalista ClientEarth.
El contraste con la situación en el Atlántico Sur
Mientras Europa avanza en la protección de sus fondos marinos, en el Atlántico Sur persiste la falta de voluntad política para abordar problemáticas similares. Un caso emblemático es el del Agujero Azul, una vasta área ubicada más allá de las 200 millas náuticas de la costa argentina, donde operan flotas internacionales sin una regulación efectiva.
Según datos de organizaciones ambientalistas, en esa zona se registran más de 200 mil horas de pesca de arrastre al año, con un impacto ambiental significativo y un vacío legal que impide aplicar medidas de conservación.
Este contraste evidencia la necesidad urgente de avanzar en acuerdos internacionales y de fortalecer los mecanismos de control en alta mar, a fin de garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos en todo el planeta.
La experiencia europea demuestra que la ciencia, la legislación ambiental y la acción política pueden converger para proteger los océanos. La pregunta que queda pendiente es si en el Atlántico Sur existirá la determinación para seguir ese mismo camino.
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