Mientras los gobiernos conservadores insisten en maquillar las cifras con discursos vacíos sobre libertad de elección y excelencia académica, la realidad del sistema universitario español revela una preocupante tendencia: el progresivo desmantelamiento de la universidad pública en favor de intereses privados. El último informe de la Fundación CYD, correspondiente al curso 2022-2023, evidencia lo que muchos venimos denunciando desde hace años: se está empujando deliberadamente al estudiantado hacia universidades privadas, convertidas en negocios lucrativos más que en centros de conocimiento.
En la Comunitat Valenciana, el dato es escandaloso: casi el 40% de los titulados provienen ya de universidades privadas. Y si miramos ramas como la Educación, la cifra se dispara hasta un 63,2%. ¿Qué significa esto? Que cada vez más docentes se forman en centros privados, donde el acceso depende más del bolsillo que del mérito. No es una excepción valenciana: Madrid, La Rioja o Navarra, bastiones históricos del conservadurismo, lideran también este proceso de privatización educativa.
Desde 1991 se han creado 42 universidades privadas, frente a solo 14 públicas. Mientras tanto, las públicas han perdido más de 315.000 estudiantes, al tiempo que las privadas multiplicaban por seis su alumnado. Este no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una estrategia planificada: ahogar presupuestariamente a lo público para justificar lo privado como única salida.
No es casualidad que la universidad pública, más accesible, diversa y democrática, esté siendo arrinconada. El alumnado de universidades privadas pertenece en mayor proporción a clases altas: el 77,3% tiene progenitores con estudios superiores, frente al 61,6% en las públicas. En ramas como las ingenierías, la diferencia es aún más brutal. También hay una sobrerrepresentación de mayores de 30 años y personas extranjeras, muchos de ellos con recursos suficientes para pagar másteres caros y accesibles sin tanta exigencia académica.
¿Y la calidad? Basta mirar las ramas de conocimiento: las privadas concentran su peso en títulos como Educación, Salud o Servicios Sociales, donde los estándares académicos son menos estrictos y la rentabilidad, más alta. En cambio, las ingenierías, las ciencias o las humanidades siguen siendo territorio público, donde se apuesta por la investigación y la excelencia sin lógica de mercado.
Este modelo, impulsado por décadas de políticas neoliberales, no busca mejorar la educación. Busca convertirla en un producto. Una universidad donde el mérito y el esfuerzo ceden ante el cheque y el apellido. Una universidad en la que solo quienes pueden pagar acceden a determinadas titulaciones, mientras el resto se ve obligado a renunciar o endeudarse.
Por eso, hoy más que nunca, es urgente defender la universidad pública: porque es garantía de igualdad de oportunidades, de justicia social y de verdadero progreso. No podemos permitir que la educación superior se convierta en un lujo para unos pocos, mientras los gobiernos de derechas siguen recortando, privatizando y mercantilizando nuestro futuro.
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