El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo este martes al aprobar el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que amplía de forma notable los espacios libres de humo y equipara el cigarrillo electrónico con el tabaco convencional. La norma prohibirá fumar y vapear en terrazas de hostelería, piscinas, marquesinas y otros lugares de ocio compartido, consolidando así un entorno más seguro y saludable para la ciudadanía.
La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo que “la salud siempre se pondrá por delante de los intereses comerciales”. Con esta declaración, el Gobierno marca con claridad el rumbo de una política que busca proteger a la población frente a los efectos nocivos del tabaco y sus derivados.
El texto del anteproyecto extiende la prohibición a universidades, instalaciones deportivas y vehículos comerciales, considerados ya lugares de trabajo. Además, establece un perímetro de 15 metros alrededor de hospitales, centros educativos y parques infantiles donde tampoco se podrá fumar, garantizando así que las zonas de mayor vulnerabilidad estén libres de exposición al humo.
El plan incluye, también, la prohibición total de la publicidad y patrocinio del tabaco, tanto en medios tradicionales como en redes sociales o escaparates. El incumplimiento conllevará sanciones de hasta 600.000 euros.
Se prohíben también los dispositivos desechables de un solo uso, señalados no solo por sus efectos nocivos sobre la salud, sino también por el grave impacto ambiental que generan.
Igualdad normativa para todos los productos y derecho a vivir sin humo
La futura ley no hace distinciones: cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina, shishas o dispositivos de tabaco calentado quedan sujetos a las mismas restricciones que el tabaco convencional. Por primera vez, se prohíbe de forma explícita su consumo en menores y su venta a este colectivo.
El Observatorio para la Prevención del Tabaquismo será el encargado de velar por el cumplimiento de la norma y de elaborar informes bianuales para medir su impacto. En paralelo, Atención Primaria reforzará los programas de prevención y de apoyo a quienes deseen abandonar el consumo.
La ministra insistió en que se trata de una cuestión de derechos: “Defendemos el derecho de todas las personas a vivir sin humo”.
Aunque el anteproyecto no incluye finalmente el empaquetado genérico ni el incremento de impuestos al tabaco —medidas defendidas por las organizaciones sanitarias— el Gobierno deja abierta la posibilidad de incorporarlas durante la tramitación parlamentaria.
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