Una vez más, las partidas rurales de Alicante quedan fuera del radar de las prioridades municipales. A la histórica falta de infraestructuras básicas como agua o luz —deficiencias que llevan años sin resolverse— se suma ahora la posible supresión del puesto de jefe de servicio de Participación Ciudadana y Partidas Rurales. Esta decisión, planteada en la última Mesa Negociadora del Ayuntamiento, supone un nuevo golpe a la ya debilitada interlocución entre la administración local y las zonas más olvidadas del municipio.
La eliminación de este puesto equivale a restar recursos a un área clave para el contacto directo entre ciudadanía y administración, justo en un contexto en el que las quejas por la falta de servicios en las zonas rurales son constantes. Quitar esta figura no solo invisibiliza aún más a quienes viven en estos núcleos, sino que refuerza una tendencia preocupante: la desconexión deliberada entre la administración y las necesidades reales de los vecinos y vecinas.
Mientras tanto, la gestión del personal en el Ayuntamiento continúa siendo improvisada. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) lleva sin revisarse en profundidad desde hace casi tres décadas, y los cambios se siguen haciendo de forma parcial, sin una visión global que permita actualizar la estructura organizativa de acuerdo con las demandas actuales de la ciudad. A esto se suma la ausencia de un Plan de Formación desde 2018, lo que evidencia una falta total de planificación en la capacitación del personal municipal. La mayor parte del presupuesto destinado a este fin, directamente, ni siquiera se ejecuta.
En el ámbito de la participación ciudadana, los procesos abiertos por el Ayuntamiento para cuestiones tan relevantes como el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se han quedado en gestos superficiales. Encuestas en línea, charlas puntuales y poca o nula implicación de los órganos vecinales y consejos sectoriales, que llevan años sin convocarse. La sensación generalizada es que las decisiones más relevantes para el futuro de Alicante se están tomando de espaldas a la ciudadanía.
Como reacción, distintas entidades y colectivos han comenzado a plantear procesos alternativos de participación. Algunos incluso han elaborado sus propias propuestas para dotar de contenido real a lo que debería ser una planificación urbanística compartida, con cronogramas, talleres por distritos y mecanismos de devolución de propuestas. Frente a la pasividad institucional, la ciudadanía organizada intenta abrir espacios de escucha y deliberación que el propio Ayuntamiento ha ido desmantelando.
El problema de fondo no es solo la eliminación de un puesto o la desorganización interna: es la imagen de una administración que, año tras año, mantiene en el olvido a quienes no viven en el centro urbano. Y si no hay una rectificación urgente, la brecha entre el Ayuntamiento y los barrios y partidas rurales de Alicante seguirá creciendo.
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