- Indignación en los parques de bomberos de Alicante: la Diputación sigue sin actuar mientras el conflicto laboral se agrava
La imagen del fin de semana no es otra que la de los camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante cubiertos de pintadas con mensajes de protesta. “Toni Pérez cumple, convenio ya”, “gestión operativa nefasta” o “fuera incompetentes” son solo algunos de los lemas que evidencian un conflicto que lleva demasiado tiempo arrastrándose sin soluciones a la vista.
La situación no es nueva. La Junta de Personal del Consorcio ya había advertido desde el pasado 18 de marzo sobre la parálisis institucional. La reunión del 7 de abril con el presidente de la Diputación, Toni Pérez, no sirvió para nada más que añadir frustración: cero avances, cero compromisos.
Los bomberos han dicho basta. A partir de ahora no harán horas extra ni participarán en cursos de formación hasta que se escuchen sus demandas. Exigen, entre otras cosas, un nuevo convenio que sustituya al actual, que data de 2002, y denuncian el abuso de los recursos públicos por parte de los mandos, además de la alarmante falta de personal.
Mientras tanto, ¿qué hace la Diputación? Nada nuevo. Se limita a repetir un comunicado del 8 de abril en el que, con tono institucional y autocomplaciente, reafirma su “compromiso con la negociación” y condena cualquier forma de protesta que no pase por “el cauce oficial”.
Ese «compromiso», sin embargo, no se ha traducido en ninguna medida concreta. No se ha actualizado la Relación de Puestos de Trabajo, no se ha convocado la Comisión de Seguimiento y, a juzgar por los hechos, no hay ninguna urgencia real por resolver el conflicto. La única respuesta: palabras vacías, reuniones que no llevan a ningún lado y una clara intención de dilatar el proceso hasta que el desgaste haga mella en los trabajadores.
Desde la Junta de Personal ya anuncian nuevas medidas de presión: concentraciones en los plenos del Ayuntamiento de Benidorm y la Diputación. Y si no hay avances, se plantean incluso la huelga.
Frente a esto, la Diputación parece optar por una política de brazos cruzados, esperando que el problema se apague solo. Pero lo que está en juego no es solo el bienestar laboral de los bomberos: es la calidad y seguridad del servicio público que prestan. Y ahí, la pasividad institucional tiene consecuencias directas para toda la ciudadanía.
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