Alicante se ha convertido en una de las ciudades más tensionadas de España en materia de vivienda. En los últimos diez años, el precio del alquiler ha subido un 80%, según datos acumulados de Idealista, con especial virulencia en los últimos tres años. Solo en 2024, los precios se han incrementado un 9,9%, en un contexto de oferta menguante, turistificación descontrolada y políticas municipales que han favorecido, directa o indirectamente, la especulación.
Hoy, la ciudad se sitúa en el top 10 de capitales de provincia donde el alquiler supera con creces el umbral del 30% de los ingresos familiares recomendado por los expertos. En Alicante, este esfuerzo ha alcanzado ya el 37%, lo que la coloca en el sexto puesto a nivel nacional, justo por detrás de grandes urbes como Barcelona, Palma o Madrid.
Detrás de esta escalada están dos factores clave: la falta de intervención del Ayuntamiento y la expansión sin freno de los pisos turísticos, que han transformado barrios enteros, expulsando a los vecinos de toda la vida y a los pequeños comercios que daban vida a las calles. Mientras tanto, la administración local ha optado durante años por políticas de brazos cruzados, ignorando las señales de alerta lanzadas por asociaciones vecinales, expertos y hasta portales inmobiliarios como Idealista.
“La situación del alquiler en Alicante es de absoluta emergencia”, ha advertido en la Cadena Ser Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. “Hay una oferta prácticamente inexistente, precios desbocados y una competencia entre familias que excluye cada vez a más colectivos del acceso a una vivienda”.
Aunque recientemente el Pleno municipal ha aprobado una moratoria a los apartamentos turísticos y una ordenanza del ruido, estas medidas llegan tarde y con un alcance aún por demostrar. La gentrificación ya ha hecho mella en barrios como el Casco Antiguo, Carolinas o el Raval Roig, donde el tejido vecinal se ha fragmentado y los precios se han disparado por encima de las posibilidades de la población local.
Mientras tanto, otras ciudades —como Ciudad Real o Teruel— mantienen esfuerzos de alquiler por debajo del 20%, muy lejos de la asfixia económica que se vive en Alicante. La pregunta sigue en el aire: ¿qué más tiene que pasar para que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad ante una crisis que amenaza con vaciar la ciudad de quienes la sostienen?
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