El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de una ley que fijará por norma estatal la carga lectiva de los docentes en 23 horas semanales en Primaria y 18 en Secundaria a partir del próximo curso. La medida, largamente reclamada por el profesorado y por los sindicatos de la enseñanza, supone un paso adelante en la mejora de sus condiciones laborales y en el reconocimiento de su papel esencial en el sistema educativo.
Con este gesto, Sánchez busca desactivar la huelga que amenazaban con convocar todas las organizaciones sindicales —UGT, CCOO, CSIF y ANPE— tras sentirse ignoradas durante la legislatura. Hasta ahora, las comunidades autónomas tenían la competencia para fijar estas horas, que oscilaban de media en torno a las 25 en Primaria y las 19 en Secundaria.
Aunque se trata de la carga docente directa con alumnos, el horario laboral total de los profesores ronda entre 35 y 37,5 horas semanales. A ello se suman las tareas de preparación de clases, corrección de exámenes, coordinación en departamentos, formación continua y la atención a las familias, un trabajo invisible pero imprescindible que sostiene la calidad del sistema.
Además de la reducción lectiva, Sánchez se ha comprometido a avanzar en la simplificación de la carga burocrática que soportan los profesores y a impulsar un programa de ayudas para la escolarización de 0 a 3 años en familias bajo el umbral de la pobreza, con una inversión de 175 millones de euros a partir de 2026.
En los próximos días, la ministra de Educación, Pilar Alegría, retomará el diálogo con los sindicatos y las comunidades autónomas para concretar la aplicación de estas medidas y avanzar en la redacción de un Estatuto Docente que devuelva prestigio y estabilidad a la profesión.
Una reivindicación pendiente: salarios y desigualdades territoriales
El anuncio de Sánchez supone un avance, pero deja al descubierto otro problema estructural: las grandes diferencias entre comunidades autónomas. En este sentido, los profesores de la provincia de Alicante se encuentran en la situación más desfavorable de todo el Estado: son los peor pagados, pese a desempeñar el mismo trabajo que sus compañeros en otros territorios. Esta desigualdad, que lleva años denunciándose, obliga a plantear compensaciones reales que eviten la fuga de talento y reconozcan de manera justa la labor de los docentes alicantinos.
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