El Congreso ha aprobado definitivamente la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una norma que redefine la forma en que España —y, en particular, territorios como Alicante— deberán moverse en los próximos años. La ley plantea un cambio de paradigma con medidas que afectan directamente al transporte aéreo, ferroviario y urbano, y que marcarán el futuro de infraestructuras clave como el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández o el Puerto de Alicante.
Tras más de tres años de tramitación, el texto ha salido adelante entre tensiones políticas y negociaciones de última hora. La aprobación se ha producido con 174 votos a favor y la abstención de los diputados de Podemos, que condicionaban su apoyo a la paralización de nuevas ampliaciones aeroportuarias y portuarias, incluidas las previstas en el plan de inversiones 2027-2031 de Aena.
Aunque el debate se centró en el caso de El Prat y València, en Alicante las miradas se dirigen también al crecimiento del tráfico aéreo en L’Altet, que en 2024 superó los 16 millones de pasajeros. Los colectivos ecologistas advierten que el aeropuerto ilicitano se enfrenta ahora al reto de adaptarse al nuevo marco de sostenibilidad y reducir su huella de carbono.
El transporte es responsable de más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, y la provincia de Alicante no es una excepción: el intenso uso del coche privado y la escasa red ferroviaria interior hacen que la movilidad sostenible sea una asignatura pendiente.
La nueva ley pretende revertir esta tendencia con un enfoque integral: más trenes, menos aviones, y planes de movilidad sostenible en empresas y municipios.
Entre las principales medidas, destacan:
- Eliminación de vuelos domésticos cortos cuando exista una alternativa ferroviaria inferior a 2,5 horas. Aunque el trayecto Alicante–Madrid no queda afectado (el AVE tarda algo más de ese tiempo), la medida abre el debate sobre la eficiencia de las rutas aéreas que duplican conexiones ferroviarias.
- Impulso al tren nocturno y de media distancia, que podría beneficiar la recuperación de conexiones con Barcelona, Madrid o incluso con el resto de Europa a través de Francia.
- Obligatoriedad para las empresas con más de 200 empleados —o 100 por turno— de implantar planes de movilidad sostenible que reduzcan el uso del vehículo privado. Polígonos como Pla de la Vallonga, Las Atalayas o el Parque Empresarial de Elche deberán adaptarse a esta medida en menos de dos años.
- Puntos de recarga eléctrica obligatorios en gasolineras medianas y grandes, además de señalización específica en carreteras como la A-31 o la A-70, donde el número de cargadores sigue siendo muy limitado.
Más financiación para el transporte público y la movilidad activa
La ley refuerza la financiación del transporte público local, una medida que afectará directamente a los autobuses urbanos de Alicante, Elche y Benidorm, así como al TRAM d’Alacant. El Gobierno central se compromete a aportar fondos estables y predecibles para el mantenimiento y la mejora del transporte urbano.
Además, los ayuntamientos deberán fomentar la movilidad activa —caminar y usar la bicicleta—, con la creación de redes ciclistas seguras y la integración con otros medios de transporte. El texto también impulsa un Plan Nacional de la Bicicleta, algo que desde el Área Metropolitana de Alicante-Elche ya se estudia para conectar polígonos industriales y campus universitarios con carriles bici.
El transporte de mercancías, otro desafío provincial
El transporte de mercancías por ferrocarril es otro de los ejes de la nueva ley. En una provincia donde el 95% del transporte logístico se realiza por carretera, el Gobierno pretende duplicar la cuota ferroviaria para 2030 mediante la creación de autopistas ferroviarias.
Esto podría reactivar proyectos pendientes como la conexión del Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo, una infraestructura estratégica tanto para el tráfico portuario como para reducir la saturación de la A-31 y la A-7.
La Dirección General de Tráfico (DGT) deberá actualizar las etiquetas medioambientales en un plazo de 12 meses, endureciendo los criterios para obtener los distintivos “ECO” y “Cero”. En Alicante, donde el parque automovilístico tiene una edad media superior a los 13 años, esta medida podría acelerar la renovación de vehículos, especialmente si los ayuntamientos amplían las zonas de bajas emisiones (ZBE).
La norma también obliga a las administraciones locales a integrar la movilidad como un derecho social, garantizando la accesibilidad y la equidad territorial. En comarcas como la Marina Alta o el Vinalopó, con servicios ferroviarios reducidos, el nuevo marco legal exigirá una revisión profunda del modelo de transporte interurbano y de la cobertura de autobuses.
Un cambio estructural con sabor mediterráneo
La Ley de Movilidad Sostenible no solo busca descarbonizar el transporte, sino cambiar la forma en que Alicante se conecta consigo misma y con el resto del país.
El reto ahora será convertir los compromisos legales en mejoras visibles: más trenes, menos dependencia del coche, redes de recarga eléctrica, y un transporte público metropolitano verdaderamente integrado.
Con esta ley, el modelo de movilidad alicantino se enfrenta a una transformación profunda, que podría redefinir el papel del aeropuerto, el puerto y las carreteras en un contexto donde moverse de forma sostenible ya no es una opción, sino una obligación.
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