La vivienda no puede seguir siendo un bien de lujo ni una herramienta de especulación. Con esta premisa, Sumar ha presentado al Gobierno una propuesta de decreto que busca intervenir en el mercado inmobiliario y recuperar el sentido social del derecho a la vivienda.
El plan, dirigido a reforzar la protección de los inquilinos y a contener el alza de precios, se articula en torno a tres ejes: congelar los contratos de alquiler, endurecer la fiscalidad sobre los grandes propietarios y regular con mayor firmeza los pisos turísticos y de temporada.
Entre las medidas más destacadas se incluye una prórroga general de tres años para todos los contratos de alquiler, con el fin de garantizar estabilidad y evitar subidas abusivas. También se propone fijar límites a las rentas hasta que se declaren las zonas tensionadas, y asegurar que, incluso en comunidades que no apliquen esas regulaciones, los nuevos contratos mantengan condiciones similares a los anteriores.
El decreto plantea además una regulación más estricta para los alquileres de temporada y turísticos, de forma que los contratos de menos de 30 días sean considerados turísticos y queden sujetos a un nuevo régimen sancionador.
En el ámbito fiscal, Sumar propone modificar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, de modo que los propietarios con más de cuatro viviendas aporten un 5 % adicional por su patrimonio inmobiliario. También se eliminaría la bonificación del 40 % en el Impuesto de Sociedades para las rentas procedentes del alquiler.
Más allá de los aspectos técnicos, la propuesta busca replantear el modelo urbano actual, en el que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un producto financiero. Sumar subraya la necesidad de encontrar fórmulas que dignifiquen la vivienda, la desvinculen de la especulación y eviten la gentrificación que expulsa a los vecinos de sus barrios. La prioridad, afirma la formación, debe ser el ciudadano y habitante de las ciudades, no el turista ni el inversor.
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