Las recientes imágenes inéditas de Federico García Lorca hicieron que muchos volviéramos a preguntarnos cómo habría sido España si no hubiera sufrido una guerra que segó vidas, proyectos y generaciones enteras. Esa misma herida sigue abierta en lugares como el cementerio de Alicante, donde aún queda “la última gran fosa” por abrir: un espacio en el que yacen 52 personas represaliadas por el franquismo que todavía esperan reparación y un adiós digno.
Un equipo de especialistas ha elaborado un proyecto de intervención arqueológica para esta Fosa nº 9 del cementerio alicantino, un paso imprescindible para que algún día pueda acometerse su excavación y exhumación. El objetivo es tan humano como urgente: permitir que las familias recuperen los restos de sus seres queridos y puedan despedirse de ellos después de más de 80 años de silencio impuesto.
El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, José Ramón García Gandía, y el arqueólogo Jorge García Fernández, director de Drakkar Consultores, explican que esta fosa es especialmente compleja. Sus víctimas proceden de numerosos municipios y provincias —Madrid, Ciudad Real, Cáceres, Alicante…— porque fue creada en los días de abril y mayo de 1939, cuando miles de personas buscaban desesperadamente huir desde el puerto de Alicante hacia el norte de África.
Esa dispersión geográfica ha dificultado durante décadas que una administración asumiera la responsabilidad de impulsar la investigación. Finalmente, lo hizo el Ayuntamiento de Aspe, pese a que solo una de las víctimas procede de este municipio. Gracias a su iniciativa se ha completado la primera fase del proyecto, con la esperanza de que nuevas convocatorias de financiación permitan llevar a cabo la exhumación.
La búsqueda de familiares sigue siendo uno de los trabajos más arduos. Muchos de los fusilados murieron jóvenes y sin descendencia, lo que complica enormemente rastrear sus linajes. Aun así, el equipo ha conseguido localizar parientes de algunas víctimas, entre ellos una descendiente que vive en Nueva York y es bisnieta del militar republicano Antonio Ortega, que llegó a presidir el Real Madrid en la época.
El ADN de los familiares será fundamental para identificar los restos cuando la fosa sea finalmente abierta. Por ello, aunque el proyecto ya está redactado, permanece “vivo”, en continua revisión para incorporar cada nuevo dato, cada nuevo nombre y cada nueva historia recuperada del olvido.
García Gandía recuerda que el objetivo último es la reparación: “Nuestra cultura rinde homenaje a sus muertos. Sin embargo, las familias de estas personas nunca han podido hacerlo”. A pesar de que la ubicación exacta de la fosa se conoce por los registros del cementerio, allí no hay una placa, una señal, ni un recuerdo. Nada que permita reconocer a quienes fueron enterrados sin nombre ni ceremonia.
Ambos expertos coinciden en que cada fosa abierta es mucho más que un trabajo arqueológico: es un acto de justicia. Cuando los restos se devuelven a las familias, explican, se cierra un círculo que llevaba generaciones abierto. Y ese cierre, esa posibilidad de despedida, es indispensable para que la memoria histórica de España avance y para que el país pueda reconciliarse con sus heridas.
Mientras miles de casos siguen aún sin resolverse en todo el territorio nacional, esta fosa de Alicante recuerda que la Guerra Civil no terminó para todos en 1939. La dignidad y el reconocimiento de las víctimas son una deuda pendiente que, pieza a pieza, proyecto a proyecto, el país está obligado a saldar.
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