El Gobierno vuelve a presentar incentivos fiscales como respuesta a la crisis de la vivienda, una estrategia ya conocida que, una vez más, esquiva el problema de fondo. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado un decreto ley para compensar a los propietarios que renueven los contratos de alquiler en 2026 sin subir el precio, mediante una bonificación del 100% del IRPF. La medida, según el Ejecutivo, busca premiar a quienes “no especulen” y frenar la escalada de precios en un contexto de fuerte tensión del mercado.
El decreto también contempla limitar los contratos de temporada, endurecer las sanciones a quienes incumplan la ley y poner coto al alquiler por habitaciones, una práctica cada vez más extendida para maximizar rentas. En zonas declaradas tensionadas, el Gobierno asegura que se aplicarán los mecanismos de control de precios previstos en la Ley de Vivienda.
Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar, incluso desde dentro del propio Gobierno. Sumar ha anunciado que no apoyará el decreto, al considerar que está diseñado para proteger a los rentistas más que a los inquilinos. Desde Compromís, Alberto Ibáñez lo ha calificado directamente como “un regalo inaceptable a los propietarios”, mientras que Yolanda Díaz ha denunciado que se destine dinero público a premiar comportamientos que deberían ser obligaciones legales. Otros ministros de Sumar han insistido en que la prórroga de los alquileres debe ser un derecho de los inquilinos, no una concesión voluntaria del casero incentivada con ventajas fiscales.
A estas críticas políticas se suman las de expertos como Alejandro Inurrieta, que, en La Ser consideraba la medida “ilusoria, recordando que los incentivos fiscales han demostrado ser irrelevantes en un mercado donde muchos alquileres ni siquiera se declaran. Si un propietario puede subir el precio un 20% o un 30%, la fiscalidad no será un freno real. La única vía efectiva, sostiene, sería la intervención directa del mercado y la penalización clara de quienes continúan inflando los precios.
En definitiva, el Gobierno anuncia muchas medidas, pero todas se quedan cortas. Se insiste en parchear el problema con bonificaciones y buenas intenciones, mientras se evita afrontar el núcleo del conflicto. Si de verdad se quiere garantizar el derecho a la vivienda, lo que hay que frenar es la especulación y cargar de impuestos a los grandes tenedores. A partir de la segunda vivienda en propiedad —al menos hasta que todo español tenga acceso a una vivienda digna— no hacen falta más incentivos: hacen falta límites claros y una fiscalidad que deje de premiar la acumulación y el abuso.
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