La ciudad de Alicante ha registrado un incremento del 43% en la oferta de habitaciones en pisos compartidos durante el primer trimestre de 2026, según datos del portal Idealista. Lejos de interpretarse como una mejora del acceso a la vivienda, este crecimiento refleja la precarización del mercado residencial, donde cada vez más personas se ven obligadas a recurrir al alquiler de habitaciones ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa.
El precio medio de estas habitaciones se sitúa ya en 370 euros, con una subida interanual del 4%. Una cifra que consolida la tendencia alcista del coste de la vivienda en la ciudad y que impacta especialmente en jóvenes, trabajadores precarios y población migrante, principales usuarios de este tipo de soluciones habitacionales. Mientras tanto, la ligera caída del 15% en la demanda no logra equilibrar un mercado tensionado, marcado por la especulación y la falta de alternativas reales.
El crecimiento del alquiler por habitaciones responde, en gran medida, a un cambio estructural en el modelo de mercado, donde propietarios e intermediarios priorizan fórmulas más rentables y flexibles frente al alquiler tradicional. Este fenómeno, unido al auge del alquiler temporal, está reduciendo aún más la oferta de vivienda estable y agravando la inseguridad residencial en la ciudad.
En este contexto, el Sindicat de Vivenda de Carolines ha intensificado su actividad denunciando prácticas abusivas en el sector, especialmente por parte de empresas como Alquiler Seguro. El colectivo señala la imposición de condiciones económicas desproporcionadas para acceder a una vivienda, que en algunos casos multiplican los límites legales establecidos, dificultando aún más el acceso a un alquiler digno.
La organización trabaja actualmente en una campaña de movilización que incluye la posibilidad de una huelga de alquileres, con el objetivo de visibilizar la situación de miles de inquilinos y presionar para una bajada de precios y el fin de las prácticas abusivas. En la ciudad y su área metropolitana, más de 300 viviendas gestionadas por esta empresa podrían sumarse a la iniciativa.
El Sindicat alerta además de una situación de emergencia habitacional, con una media de cuatro desahucios diarios en Alicante, en un escenario donde los beneficios de los propietarios continúan al alza. Esta realidad, denuncian, es consecuencia directa de un modelo de ciudad orientado al turismo, la especulación inmobiliaria y la expulsión progresiva de la población residente.
Las críticas también apuntan a la falta de medidas efectivas por parte del Ayuntamiento de Alicante, al que acusan de mantener una política de vivienda prácticamente inexistente, incapaz de frenar la gentrificación y el encarecimiento del mercado. La ausencia de regulación local, junto a la escasa promoción de vivienda pública, refuerza un sistema que prioriza la rentabilidad frente al derecho a la vivienda.
El conflicto por el acceso a la vivienda se consolida así como uno de los principales ejes de tensión social en Alicante, donde colectivos ciudadanos reclaman una intervención urgente que pase por la limitación de precios, la ampliación del parque público y el control de la especulación inmobiliaria.
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