El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite el uso terciario del primer sótano en más de medio centenar de calles consideradas ejes comerciales y viarios estructurantes. Bajo la justificación de dinamizar y descentralizar la actividad económica, se amplían los usos permitidos en estas plantas subterráneas, tradicionalmente restringidas, para incluir comercio, hostelería, oficinas e incluso alojamiento temporal, aunque se insiste en que no se permitirán habitaciones turísticas bajo rasante.
La medida amplía de forma significativa la superficie disponible para actividades terciarias en zonas donde el suelo es limitado y costoso. Esta flexibilización del PGOU, sin embargo, deja entrever una permisividad que puede anticipar otros modelos de negocio en auge, como los apartamentos turísticos, pese a las limitaciones formales que se incluyen sobre el uso residencial de descanso en sótanos.
La nueva normativa establece que la actividad debe ser única, compartida entre planta baja y sótano, bajo una misma titularidad, y con acceso exclusivo desde la planta superior. No se permitirá el uso independiente del sótano. A pesar de estas condiciones, el cambio representa una apuesta clara por atraer inversión inmobiliaria en zonas clave, en un contexto en el que cada metro cuadrado susceptible de explotación comercial gana protagonismo.
Este tipo de modificaciones urbanísticas, que priorizan la funcionalidad económica del espacio sobre otras consideraciones urbanas o sociales, pueden derivar en una paulatina transformación del tejido comercial hacia un modelo orientado más al rendimiento que a la convivencia vecinal. En la práctica, puede significar la proliferación de negocios intensivos en zonas hasta ahora más estables o diversificadas en usos.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento lanza un mensaje implícito: todo vale si es por dinamizar la economía, incluso si eso implica una cierta desnaturalización del espacio urbano y el riesgo de contribuir, indirectamente, a la expansión de modelos como el de los alojamientos turísticos encubiertos o disfrazados bajo nuevas fórmulas normativas. La medida, además, podría disparar el interés especulativo en ciertas áreas de la ciudad, intensificando tensiones en el uso del suelo.
La decisión pone sobre la mesa una vez más el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y modelo de ciudad, en un momento en que muchas urbes tratan de contener los efectos secundarios de la turistificación y la pérdida de tejido residencial en sus centros urbanos.
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