En pleno siglo XXI, que todavía haya que recurrir a sanciones para garantizar un mínimo de civismo resulta, cuanto menos, desolador. Pero en una ciudad como Alicante —con un grave problema estructural de suciedad, reconocida entre las más sucias de España— y con una preocupante mezcla de negacionismo ambiental y desprecio por lo público, endurecer las sanciones no solo parece inevitable, sino hasta lógico. Eso sí, cualquier régimen sancionador debería ir acompañado de una potente campaña de concienciación, algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
Este lunes, 26 de mayo, entra en vigor la nueva Ordenanza de Limpieza del Ayuntamiento de Alicante. Sustituye a la de 2017 y adapta el marco normativo a las directrices europeas, estatales y autonómicas, con un objetivo claro: atajar conductas incívicas y mejorar el estado general de limpieza de la ciudad. Para ello, se amplía notablemente el número de infracciones reguladas (pasan de 63 a 86) y se endurecen los importes de las sanciones, que ahora oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, según su gravedad.
Cien multas en diez días
El arranque de la nueva normativa no ha sido simbólico: en apenas diez días, el consistorio ha impuesto un centenar de sanciones. Un despliegue sancionador que ilustra tanto la dimensión del problema como la voluntad del gobierno municipal de aplicar la ordenanza con firmeza.
Subidas significativas y nuevas sanciones
Varias de las sanciones han duplicado su importe respecto a la normativa de 2017, algunas a propuesta de Vox durante el periodo de enmiendas. Por ejemplo:
- Quemar residuos sin autorización: de 1.530 € en 2017 a 3.000 € en 2025 (+96%).
- Miccionar y defecar en la vía pública: pasan a sancionarse por separado, con multas de hasta 900 € y 1.200 €, respectivamente (antes, una única multa de 300 €). Igual unos baños públicos en la calle, no estarían mal.
- No mantener solares limpios o vallados: de 2.100 € a 3.000 €.
- Depósito irregular de restos de poda y jardinería: hasta 3.000 € (antes 2.100 €).
- Inhumación o incineración de animales en lugares no autorizados: nueva sanción de hasta 2.100 €.
Cambios en las infracciones leves
La ordenanza también incorpora nuevas sanciones leves, como:
- No llevar cenicero individual a la playa: hasta 450 €.
- No portar bolsas o líquidos para recoger excrementos de mascotas: hasta 450 €.
- Depositar papel o cartón sin plegar: hasta 300 €.
- No ofrecer agua potable gratuita en hostelería: hasta 750 €.
- Lavar o bañar animales en espacios públicos: hasta 750 €.
Otras se eliminan o reformulan, como la sanción por vomitar fuera de los imbornales, o la de no retirar pancartas caducadas. También se prohíbe expresamente introducir vidrio en zonas de baño, algo no especificado en la anterior norma.
Infracciones graves y muy graves
Se endurecen también las sanciones graves:
- Ensuciar con líquidos peligrosos: hasta 1.200 €.
- No mantener limpios solares visibles: hasta 1.500 €.
- No garantizar la trazabilidad de residuos de construcción: hasta 1.500 €.
- Abandonar muebles o enseres: pasa de 780 € a hasta 1.500 €.
Y se introducen nuevas infracciones muy graves, como:
- Abandono de animales muertos o sus restos: hasta 2.100 €.
- No cumplir la separación de residuos en hostelería y sanidad: hasta 3.000 €.
- No ofrecer productos sin embalaje primario en comercios: hasta 2.100 €.
El reto sigue siendo la concienciación
Aunque el incremento de sanciones pueda disuadir ciertas conductas, lo verdaderamente transformador —y pendiente— es cambiar la mentalidad ciudadana. Sin una estrategia firme de sensibilización, educación y fomento de la responsabilidad individual, ni cien multas al día lograrán que Alicante deje de ser señalada como una de las ciudades más sucias de España.
Las sanciones son un instrumento necesario, sí, pero no deberían ser el punto de partida: deberían ser el último recurso en una ciudad donde el civismo y el compromiso ambiental fuesen, por fin, la norma.
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