Los vecinos de Alicante están recibiendo estos días una desagradable sorpresa en forma de recibo: una tasa de basura disparada, que en muchos casos llega a triplicarse o incluso cuadruplicarse respecto al año anterior. Una subida que no solo resulta desorbitada, sino que se aplica sin que se haya producido mejora alguna en la limpieza de la ciudad. Alicante está tan sucia como siempre, y los residentes se preguntan con indignación a qué se debe este tasazo.
Mientras tanto, quienes más sufren el impacto de esta subida son precisamente los propietarios de viviendas pequeñas y con menos recursos. De pagar apenas 22 euros, pasan ahora a ver facturas de hasta 70 o incluso 145 euros, según el tamaño del inmueble y su valor catastral. Una injusticia que golpea especialmente a quienes menos tienen, sin contemplar renta, número de residentes o esfuerzo por reciclar.
La Coordinadora Alicante Limpia (CAL), uno de los colectivos que ha alzado la voz contra esta medida, está estudiando cómo recurrir la ordenanza municipal. Según denuncian, el 82% del coste total de la recogida de residuos recae ahora directamente sobre los hogares, mientras que los pisos turísticos, que generan tanto o más desperdicio que una familia residente, no pagan un céntimo más. Esos apartamentos —que funcionan como auténticos negocios— se libran del incremento, pese a su impacto sobre la suciedad de las calles y el sistema de residuos.
Además, la ordenanza ignora por completo a quienes sí intentan hacer las cosas bien: no hay bonificaciones para quienes reciclan, ni para los que utilizan correctamente el contenedor marrón, ni tampoco para quienes generan menos residuos. Todos pagan igual, sin que se premie ningún buen hábito ni se penalice a quien contamina más.
La CAL ya presentó alegaciones cuando se anunció la medida, todas ellas ignoradas por el Ayuntamiento. Ahora, estudian presentar un recurso de reposición contra la ordenanza y animan a todos los vecinos a hacer lo mismo.
Las propuestas que esta plataforma pone sobre la mesa para impugnar la medida son claras y razonables:
- Impugnar el reparto del coste, al considerarlo injusto por cargar casi todo el peso en los hogares, excluyendo a grandes generadores de basura como los pisos turísticos.
- Exigir que se premie el reciclaje, el uso responsable del contenedor marrón y otras buenas prácticas medioambientales.
- Aplicar criterios de renta o número de residentes, en lugar de penalizar con tasas fijas sin considerar la situación real de cada vivienda.
- Incluir una fiscalidad específica para los pisos turísticos, en proporción al volumen de residuos que generan y su carácter empresarial.
Mientras tanto, los recibos ya están llegando —algunos por notificación electrónica desde el 23 de julio—, y seguirán enviándose hasta noviembre. El plazo de pago voluntario se extiende hasta el 22 de diciembre, aunque quienes tengan el pago domiciliado verán el cargo el 3 de diciembre. Una fecha que muchos vecinos ya marcan con enfado en sus calendarios.
Porque lo que está claro es que este tasazo no limpia las calles. Y mucho menos, respeta a quienes viven, pagan impuestos y cuidan su ciudad cada día.
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