La dimisión de Toni Gallego, concejal responsable de Hacienda, Deportes y Patrimonio en Alicante, marca la primera consecuencia oficial del Plan Económico Financiero (PEF), impuesto tras el incumplimiento de la regla de gasto en 2024. Sin embargo, más allá de la renuncia personal, esta crisis evidencia una grave oportunidad perdida por parte del equipo de gobierno para ofrecer una gestión verdaderamente transversal y alejada de pactos que comprometen el interés general. En lugar de apostar por una política inclusiva y constructiva, se ha optado por plegarse a las exigencias de la ultraderecha, reforzando un rumbo que amenaza con condicionar las decisiones municipales a intereses restrictivos y cortoplacistas.
La salida del concejal, que implicó también la renuncia a su acta de concejal, se presenta como una maniobra para facilitar la aprobación de un plan de ajuste que no solo limita las opciones fiscales de la ciudad, sino que refleja una incapacidad para negociar y gestionar con visión amplia. La supuesta colaboración con el grupo que ahora marca la agenda del gobierno local ha abierto la puerta a recortes que podrían tener consecuencias negativas en la calidad de vida de los ciudadanos y en la propia autonomía municipal.
La gestión previa ha sido defendida por el propio dimitido, quien destacó su intención de aumentar recursos para inversiones y servicios públicos, evitando inmovilizar remanentes, y argumentó que la superación de la regla de gasto fue un mecanismo para favorecer la ejecución de proyectos. Sin embargo, la realidad es que el desencuentro con sus aliados políticos, la falta de consenso interno y la imposición de condiciones externas han terminado por minar la estabilidad del equipo de gobierno y mostrar un estilo de gestión que sacrifica la coherencia por la necesidad de sobrevivir políticamente.
El plan de ajuste, presentado inicialmente como un documento técnico, quedó en evidencia al no contemplar las rebajas fiscales acordadas previamente, generando un conflicto que fue aprovechado para exigir dimisiones y ajustes de poder. Esta situación revela, por un lado, una falta de planificación adecuada y, por otro, un uso de la presión política para reforzar pactos que difícilmente pueden considerarse en favor de toda la ciudadanía.
Con la dimisión consumada, el acuerdo para aprobar el plan de ajuste parece encaminado a consolidar un gobierno dependiente de exigencias ultraconservadoras, que limita la capacidad de maniobra económica y política del Ayuntamiento. Este giro implica un retroceso en la autonomía para decidir políticas fiscales y sociales, y una pérdida clara de la oportunidad histórica que tenía el partido gobernante para liderar un proyecto abierto, plural y centrado en el interés común.
La oposición, lejos de amedrentarse, encuentra en esta situación un motivo para intensificar su vigilancia y propuesta de alternativas, enfrentando una agenda que amenaza con empobrecer la gestión pública y reducir derechos y servicios. La renuncia del concejal de Hacienda es, en definitiva, el síntoma de una crisis mucho mayor: la incapacidad del equipo de gobierno para construir consensos y gobernar con responsabilidad, frente a la presión de fuerzas que imponen condiciones que no benefician a la mayoría.
El futuro inmediato estará marcado por la necesidad de que Alicante exija una gestión que no se doblegue ante intereses particulares ni se resigne a un modelo agotado y excluyente. La ciudad reclama una política valiente, con visión y compromiso real con su gente, y no el sometimiento a pactos que condicionan el presente y hipotecan el futuro.
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