El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, interpuesto por el Gobierno central, y ha suspendido la aplicación de varios de sus artículos. Esta suspensión afecta a cuestiones clave de la norma autonómica, como el tratamiento de las víctimas de violencia política y social, la disolución de organismos públicos relacionados con la memoria democrática y la derogación total de la anterior Ley de Memoria.
El recurso se centra en artículos que igualan el trato de víctimas de contextos históricos muy distintos y en la supresión de derechos y herramientas que garantizaban la reparación y preservación de la memoria democrática en la región. La medida, según el propio tribunal, tiene efectos desde la presentación del recurso para las partes implicadas, y será efectiva para terceros a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Resulta llamativo que quienes hoy se presentan como defensores de todas las víctimas, hayan mantenido durante décadas un silencio cómplice o directamente hostil frente a la necesidad de reconocer a quienes sufrieron represión durante la dictadura. La llamada «concordia» que ahora se promueve, parece olvidar que no puede construirse equitativamente cuando se invisibiliza o relativiza el sufrimiento de unas víctimas frente a otras.
El texto autonómico suspendido intentaba, entre otras cosas, modificar el alcance temporal del reconocimiento de víctimas desde 1931 hasta la actualidad, disolver organismos dedicados a la memoria democrática, e impedir que siguieran adelante procesos abiertos de exhumación. Se justificaba como una ley integradora, pero en la práctica suprimía políticas específicas que durante años han sido esenciales para restaurar derechos fundamentales.
La postura de la derecha ante esta cuestión evidencia una peligrosa tendencia: la memoria histórica solo parece molestar cuando obliga a asumir responsabilidades del pasado. Bajo el discurso de la neutralidad o la igualdad de trato, se elimina de un plumazo el trabajo hecho para restituir dignidad a los represaliados por el franquismo. Esta estrategia olvida, quizá voluntariamente, que no todas las violencias son comparables, ni todas las memorias han sido reconocidas de igual forma en nuestra historia democrática.
El Gobierno central ha alegado que los artículos impugnados podrían vulnerar derechos fundamentales y exceder competencias autonómicas. También se ha señalado que eliminan mecanismos clave para garantizar la justicia, la verdad y la reparación. Mientras tanto, desde el ámbito autonómico se insiste en la legalidad de la norma y se afirma que esta nueva ley amplía el concepto de víctima, sin distinción ideológica.
Pero más allá de argumentos jurídicos, lo que está en juego es la memoria colectiva. Y esa no puede construirse desde el olvido selectivo ni desde la desactivación de las políticas que han permitido reconocer hechos que durante décadas fueron silenciados. Si de verdad se quiere hablar de concordia, esta debe partir del reconocimiento, no del borrado.
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