El sector del taxi de la provincia de Alicante ha dicho basta. Este martes 4 de noviembre convocan una huelga para protestar por lo que consideran una expansión descontrolada de las VTC amparada por el propio conseller de Transporte, Vicente Martínez Mus. Una situación que, según denuncian, pone en riesgo la supervivencia del taxi público y de miles de familias que dependen de él.
Las organizaciones convocantes —la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana y la Federación Sindical del Taxi de Valencia— señalan directamente al conseller como responsable de haber permitido esta deriva regulatoria. Por ello, concentrarán a los profesionales del sector a las puertas de la conselleria en Valencia desde las ocho de la mañana, mientras que el paro está previsto entre las 8:30 y las 12:30 horas.
En el comunicado emitido, los taxistas anuncian piquetes informativos en aeropuertos, estaciones de tren y de autobuses. Denuncian «la dejación de funciones de la conselleria y las enormes carencias en los medios de inspección contra el intrusismo que lleva años plagando el sector». La crítica es contundente: mientras se multiplican las licencias VTC, siguen sin control la economía sumergida y la competencia desleal.
El malestar es generalizado. El taxi acusa a las administraciones de «sacrificar a 7.000 familias para favorecer a cuatro especuladores» y de impulsar un modelo laboral precario que pone en bandeja el negocio a grandes plataformas del transporte. Aseguran que han solicitado reiteradamente al conseller que actúe con firmeza, pero que su respuesta ha sido ignorar incluso tres sentencias judiciales que les daban la razón.
El aeropuerto, ejemplo de una política fallida
La situación en Alicante ilustra el problema: desde que Uber desembarcó en el aeropuerto Alicante-Elche, la falta de taxis se convirtió en el pan de cada día. En lugar de reforzar el servicio público, la administración optó por habilitar paradas específicas para Cabify y Uber y aumentar las licencias VTC, legitimando así que estas plataformas ocupen el espacio que la conselleria no ha querido cubrir con el taxi regulado.
El sector considera que esta política solo ha servido para agravar el caos y potenciar un modelo que, lejos de mejorar la movilidad, prioriza los intereses privados sobre el servicio público.
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