Han pasado siete meses desde que la DANA devastó el País Valencià. Siete meses sin respuestas, sin dimisiones, sin explicaciones claras desde el Consell. La cifra oficial de 228 muertos —que algunos colectivos elevan a 230 al sumar dos fallecimientos durante las tareas de reconstrucción— sigue ahí, como una losa que la administración de Carlos Mazón ha preferido esquivar. Pero la calle no olvida. Y la huelga general convocada para el próximo 29 de mayo no es solo una respuesta a esa catástrofe, sino a todo un modelo de gestión que ha demostrado ser letal, insensible y profundamente ideológico.
La instrucción judicial que investiga los hechos ha comenzado a destapar lo que ya era un secreto a voces: la inacción del gobierno autonómico durante las horas críticas. La palabra “gravísima” aparece en los autos para describir la negligencia institucional. Pero mientras los jueces hacen su trabajo, Mazón sigue atrincherado en el Palau de la Generalitat, blindado por su pacto con la ultraderecha de Vox y sostenido por una mayoría parlamentaria que parece más preocupada por imponer su agenda cultural y económica que por rendir cuentas.
Ante este panorama, sindicatos como Intersindical, CGT, CNT y COS han dado un paso adelante. La convocatoria de la huelga general ha prendido entre un amplio abanico de colectivos: comités vecinales, redes de ayuda mutua, asociaciones por la vivienda, colectivos juveniles y estudiantiles. Se han activado desde abajo, en los barrios que se inundaron, en las calles que aún no se han reconstruido, en las vidas que siguen esperando justicia. No ha sido una decisión tomada en despachos, sino nacida de la rabia popular.
En esos días oscuros de octubre, mientras la alerta 3 nunca se activaba, fue la gente quien organizó la respuesta. “Alerta cero”: solo el pueblo salvó al pueblo. Esa consigna, nacida de la emergencia, se ha convertido ahora en el motor de una huelga que se define como social, política y comunitaria. Porque no se trata solo de salarios y convenios: se trata de vidas humanas, de derechos pisoteados, de un modelo de gestión que antepone el beneficio a la dignidad.
La gestión de Mazón no puede desligarse de sus presupuestos. Las cuentas autonómicas para este año, redactadas de la mano de Vox, consolidan un proceso de desmontaje de los servicios públicos esenciales: sanidad, emergencias, educación, transporte… Mientras se recorta, se criminaliza la protesta, se invisibiliza la pobreza y se criminaliza al migrante. Se construye un relato en el que las víctimas desaparecen, en el que los responsables callan, en el que nadie asume nada.
El Consell ha actuado como si todo esto fuera normal. Como si la ciudadanía no mereciera explicaciones. Como si fuera suficiente esperar a que pase el tiempo. Pero no. Porque mientras Mazón y sus consellers miraban hacia otro lado, trabajadores murieron de camino al trabajo, estudiantes vieron sus centros arrasados, vecinas perdieron sus casas. Y ahora, mientras se especula con las viviendas afectadas por la dana, los fondos buitre hacen negocio ante la pasividad del gobierno.
La huelga del 29M interpela directamente a esta normalidad podrida. Lo hace desde la conciencia de clase, desde la necesidad de poner freno al saqueo y desde la certeza de que solo la organización popular puede abrir vías de transformación real. Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), nacidos en el corazón del desastre, son hoy la semilla de un nuevo poder social que no se conforma con pedir, sino que exige. Que no quiere migajas, sino justicia. Que no busca interlocutores, sino cambios estructurales.
La interpelación a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, también es clara: no es tiempo de ambigüedades. La ciudadanía exige que se posicionen del lado del pueblo, no de los despachos. Porque esta huelga no es corporativa, ni sectorial: es una respuesta colectiva al abandono. Y quedarse al margen sería legitimar ese abandono.
Mazón no solo ha demostrado ser incapaz de gestionar una catástrofe. Ha utilizado su posición para reforzar un modelo económico y social que excluye, que condena a la precariedad, que destruye el territorio, que niega la crisis climática y que juega con la vida de quienes menos tienen. La reconstrucción que plantea no es justa, ni verde, ni feminista. Es una reconstrucción al servicio del mercado, del turismo depredador y de las élites que siguen enriqueciéndose mientras la mayoría sobrevive como puede.
Por eso, esta huelga va más allá de lo laboral. Es una huelga contra un modelo. Contra una manera de hacer política sin escuchar, sin rendir cuentas, sin memoria. Contra la idea de que el poder puede mantenerse sin asumir sus responsabilidades. Es, en definitiva, un grito que exige algo tan básico como que la vida esté en el centro.
El 29 de mayo, el País Valencià saldrá a la calle. No por nostalgia ni por consigna. Saldrá porque no puede más. Porque la única forma de combatir la pasividad institucional es organizándose. Y porque si no se para todo, seguirán avanzando ellos. Y con ellos, la injusticia.
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