En una sociedad verdaderamente desarrollada, quienes sostienen el bienestar colectivo —profesorado y personal sanitario— deberían ocupar un lugar privilegiado en el imaginario y en las prioridades políticas. Pero no es así. Muy al contrario: los datos demuestran una erosión sostenida de sus condiciones laborales y salariales, especialmente en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, donde la apuesta por la privatización de servicios esenciales como la sanidad y la educación es clara y persistente.
En el caso de la enseñanza, entre 2010 y 2024 el IPC ha aumentado un 36,4 %. Sin embargo, el salario del personal docente no universitario apenas ha subido un 14,5 %. Esa diferencia del 21,9 % representa la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido maestras y profesoras, de Primaria a Secundaria, desde la anterior crisis económica. La cifra no es menor: supone haber trabajado durante más de una década perdiendo cada año capacidad para vivir con dignidad.
Esta realidad se refleja en un estudio presentado por la Confederación Intersindical de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-I), que ha analizado 85.000 nóminas de docentes en todo el Estado. El estudio revela que, con 15 años de antigüedad, una persona docente ha dejado de percibir, de media, 58.160 euros. En algunos territorios, como Catalunya —donde los sueldos son especialmente bajos— la pérdida puede alcanzar los 83.075 euros tras 35 años de servicio.
Todo ello ocurre mientras que, según los datos de la Agencia Tributaria, las rentas del trabajo en general se han incrementado un 30,4 %, los convenios colectivos un 30,7 % y el salario mínimo interprofesional un 79,1 % en ese mismo periodo. ¿Cómo se sostiene una profesión en estas condiciones? ¿Cómo se incentiva a las nuevas generaciones a dedicarse a enseñar, a educar, a cuidar?
Desde STEs-I advierten de una “gran deserción” en la profesión, especialmente en Secundaria y Formación Profesional. Las listas de interinos se agotan cada semana, y algunas comunidades están recurriendo a personal sin el máster habilitante. Mientras tanto, el Gobierno plantea subidas salariales del 2 % más un 0,5 % adicional. “Insuficiente, casi ridículo”, en palabras de Lorenzo Alberca García, del secretariado de STEs-I.
El malestar es profundo. Los recortes de las pagas extras impuestos en 2010 siguen vigentes. El Real Decreto-ley 8/2010 redujo su cuantía en torno a un 40 %, y ese recorte acumulado puede suponer hasta 18.245 euros, según la antigüedad. No es solo una cuestión de salario: es una cuestión de respeto profesional, de condiciones que permitan innovar, formarse, aplicar mejoras tecnológicas y pedagógicas.
Ante la inacción estatal, desde STEs reclaman un convenio marco propio —como el que se está negociando en Sanidad— que reconozca las especificidades de la labor docente. Quieren una subida salarial del 22 % y una cláusula de revisión automática vinculada al IPC, como ya tienen las pensiones.
Pero mientras el horizonte se dibuja a base de precariedad y abandono institucional, las comunidades donde gobierna la derecha siguen avanzando hacia un modelo educativo más privatizado, más segregador, más injusto. Un modelo donde la dignidad de enseñar, y de cuidar, deja de ser una prioridad para convertirse en un estorbo presupuestario. Y eso, en cualquier país que aspire a llamarse avanzado, debería ser motivo de alarma.
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