La historia de Noelia no es solo una tragedia personal; es también un reflejo de cómo el derecho a morir dignamente puede verse vulnerado por la injerencia de sectores ideológicos que anteponen sus creencias religiosas a los derechos individuales. Hace más de un año que esta joven, atrapada en un cuerpo que le causa sufrimiento constante e irreversible, solicitó ejercer un derecho reconocido por ley: el de acceder a la eutanasia. Desde entonces, su vida ha quedado en pausa, no por voluntad propia, sino por una batalla judicial impuesta por quienes se oponen a la libertad de elegir sobre la propia vida.
Noelia no está sola. Decenas de personas en situaciones similares ven cómo el sistema judicial se convierte en un laberinto lento y ajeno a su dolor. Las medidas cautelares impuestas por un tribunal, a raíz de la denuncia de su padre con el respaldo de Abogados Cristianos, han paralizado la decisión de un comité médico que ya había validado su solicitud. Se le niega así el derecho a terminar su vida con dignidad, amparados en argumentos que cuestionan su salud mental sin base sólida y que ignoran los informes profesionales que certifican su capacidad para decidir.
Resulta profundamente preocupante que asociaciones religiosas como Abogados Cristianos estén usando los tribunales para frenar derechos fundamentales. No se trata aquí de una discusión teológica ni de un conflicto ético abstracto. Se trata de una persona real, con un sufrimiento real, a quien se le está imponiendo un castigo disfrazado de tutela. La coacción religiosa que ha denunciado Noelia, las visitas no autorizadas y los intentos de manipulación emocional, son actos de violencia simbólica que atentan contra su autonomía y su libertad.
Es inaceptable que la justicia trate estos casos como si fueran meros procedimientos administrativos. No estamos ante un recurso sobre una multa o una licencia urbanística. Estamos ante una vida en carne viva, ante el sufrimiento tangible de una persona que ha sido clara y firme en su decisión. El sistema judicial no puede seguir demorando decisiones tan trascendentales como el derecho a morir sin dolor, sin humillación y sin interferencias externas.
La sociedad tiene la obligación de garantizar que las decisiones íntimas y profundamente humanas, como es la elección de poner fin a la propia vida en circunstancias extremas, no queden en manos de quienes quieren imponer un dogma. Lo que Noelia necesita no es más tiempo ni más burocracia. Necesita respeto, compasión y justicia. Porque seguir alargando su espera no es protección: es crueldad.
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