
El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado nuevas restricciones para las Hogueras de 2026, entre ellas la limitación del aforo de los racós a mil personas y la eliminación de los mesones-bar. Sin embargo, estas medidas no abordan el verdadero problema de fondo: unas fiestas mal concebidas, que hace años dejaron de ser populares para convertirse en escaparates de poder, intereses económicos y redes clientelares.
Año tras año, las Hogueras paralizan la ciudad un mes (y luego preservan su hedor, durante gran parte del verano). El centro queda completamente bloqueado, los barrios invadidos por instalaciones efímeras sin regulación real, y el día a día de los residentes se ve alterado por ruido, aglomeraciones y problemas de convivencia. Mientras tanto, las federaciones festeras —especialmente la de Fogueres— actúan muchas veces como entes con más poder que el propio consistorio. Una estructura opaca, difícil de fiscalizar, con sus propias normas, su propio ritmo, y una influencia desmedida sobre las decisiones municipales.
Pese a que se presentan como “fiestas de barrio”, Las Hogueras son cada vez más un espacio de elitismo festero, donde lo que cuenta no es tanto la participación ciudadana como la capacidad de pagar cuotas, vestir determinadas vestimentas o participar de una red de relaciones personales, políticas y económicas. Todo esto con el beneplácito (y muchas veces, el patrocinio directo o indirecto) del Partido Popular, que ha encontrado en las fiestas un canal perfecto para reforzar su base social.
La nueva medida del límite de aforo en los racós no hará sino reforzar esta deriva: menos gente podrá acceder, los costes por cabeza aumentarán, y lo que queda de carácter inclusivo y popular en la fiesta seguirá reduciéndose. Todo esto sin modificar ni un ápice los horarios, los niveles de ruido, las zonas de mascletás ni los elementos que generan la mayoría de quejas vecinales. Es decir, se aprietan las tuercas en lo superficial, pero se deja intacta la estructura desigual y molesta que perjudica a miles de personas cada año.
El decreto, que entrará en vigor este agosto y será revisado en 2026, se justifica apelando a la protección de las Hogueras como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Sin embargo, la realidad es que esta protección se está utilizando como escudo para mantener privilegios y evitar una transformación profunda de la fiesta que la haga más sostenible, más equitativa y verdaderamente ciudadana.
Alicante necesita repensar sus fiestas. No basta con limitar números; hay que replantear el modelo desde su base.
Artículos como este ayudan a despertar conciencia y a impulsar un diálogo honesto sobre el tipo de ciudad y celebraciones que queremos construir.