Este fin de semana, Alicante ha vivido en carne propia el colapso de su sistema de movilidad. Autobuses urbanos saturados, tranvías abarrotados, colas interminables de coches intentando acceder al centro de la ciudad, falta de plazas de aparcamiento y la total ausencia de una gestión eficaz del tráfico. El panorama es el de una ciudad sin planificación, sin medios y, sobre todo, sin una apuesta clara por el transporte público.
En lugar de reforzar un servicio esencial y ofrecer alternativas reales al vehículo privado, el Ayuntamiento ha optado por eliminar una de las pocas medidas que funcionaban: la gratuidad del autobús urbano para jóvenes menores de 31 años. Desde este domingo, 20 de julio, los jóvenes alicantinos vuelven a pagar por un servicio que claramente no está preparado para absorber la demanda creciente.
Ni plazas suficientes, ni coordinación en los accesos, ni agentes de tráfico gestionando el caos: la ciudad está completamente desbordada. Y lo más grave es que, en lugar de avanzar hacia un modelo sostenible, se penaliza precisamente a quienes eligen el transporte público. La gratuidad temporal fue una medida acertada, que ayudaba a reducir coches en las calles y favorecía una movilidad más racional. Pero en lugar de consolidarla, el consistorio la elimina sin ofrecer una alternativa creíble.
Mientras tanto, las tarifas suben y los problemas se agravan. Jóvenes entre 16 y 30 años deberán pagar ahora 10,60 euros por 30 trayectos, y los de 15 años, 8,25 euros. Los menores de 14 años seguirán viajando gratis, pero el resto de la población joven —estudiantes, trabajadores precarios, desempleados— deberá asumir un coste más, en una ciudad que no se lo pone nada fácil a quienes no quieren o no pueden moverse en coche.
Alicante necesita con urgencia un cambio de rumbo. No se puede hablar de sostenibilidad ni de ciudades modernas mientras se desincentiva el uso del transporte público, se abandonan políticas útiles y se mantiene un modelo de movilidad basado en el coche, el caos y la improvisación.
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