En los últimos años, el debate sobre la justicia salarial ha adquirido una nueva urgencia. El gráfico recientemente publicado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el INE ilustra con claridad una realidad inquietante: mientras las pensiones han crecido sostenidamente en términos reales desde 2008, el salario medio prácticamente se ha estancado. En términos reales, el salario medio en 2024 es solo un 98,7 (índice base 2008 = 100), es decir, incluso por debajo del nivel de 2008, mientras que la pensión media ha subido hasta un 132,2.
Un salario que no alcanza
El coste de vida ha seguido una tendencia completamente diferente. Desde 2020, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha acumulado un alza del 3,6%. Sin embargo, muchos bienes esenciales han subido mucho más. En mi caso personal, el gasto mensual en vivienda ha aumentado en 185€, y productos básicos como el pan, el aceite y la gasolina también han sufrido incrementos significativos, mucho más allá del IPC promedio. Esta situación no es una excepción, sino la norma para millones de personas.
¿Qué está fallando?
Las políticas de incremento del salario mínimo y de las pensiones son necesarias y bienvenidas. Sin embargo, enfocarse únicamente en esos dos aspectos sin impulsar un aumento generalizado de los salarios puede ser contraproducente. Un país en el que los trabajadores pierden poder adquisitivo año tras año está sembrando las bases para una crisis de consumo, desincentivando el trabajo y alimentando desigualdades sociales.
Desde 2008, las pensiones han subido un 32,2% en términos reales. Mientras tanto, los salarios medios no han seguido ese ritmo. Esta divergencia crea tensiones intergeneracionales, desincentiva la productividad y reduce el margen de maniobra de las familias frente a los costes crecientes.
No se trata solo de subir el salario mínimo
Subir el salario mínimo no es suficiente si el resto de la masa salarial permanece congelada. Las empresas deben revisar sus estructuras salariales internas y asumir que los aumentos del coste de la vida no pueden recaer solo en los hogares. La inflación afecta a todos, pero no todos están siendo compensados por igual. El resultado es que cada mes que pasa, millones de personas son un poco más pobres que el anterior.
Por lo tanto, el gráfico es claro: vivimos una desconexión creciente entre el coste de vida y el salario real de los trabajadores. Para evitar el deterioro del tejido social y económico, es urgente replantear una estrategia salarial más amplia, que garantice que todos los sueldos —no solo el mínimo ni las pensiones— crezcan al menos al ritmo de la inflación. Lo contrario nos conduce, inevitablemente, hacia un modelo de precariedad estructural.
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