La Comisión de Urbanismo ha dado su aval mayoritario a la propuesta para que el Ayuntamiento de Alicante se adhiera al convenio que le permitirá asumir la potestad sancionadora sobre las viviendas de uso turístico. El expediente, que se elevará al Pleno de este mes, ha salido adelante con un respaldo amplio, aunque no unánime, lo que evidencia que todavía queda margen para un mayor acuerdo en una cuestión clave para la ciudad.
La iniciativa permitirá al consistorio incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves relacionadas con los pisos turísticos, en el marco del convenio entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. De confirmarse en el Pleno los apoyos registrados en la comisión, la propuesta contaría con una holgada mayoría de la corporación municipal.
La medida se suma a otras actuaciones ya en marcha para regular el impacto de las viviendas turísticas en Alicante, como la moratoria en la concesión de nuevas licencias y la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que redefine el encaje de estos alojamientos en la ciudad. Un paquete de decisiones que apunta en la dirección correcta, pero que, por la magnitud del problema, requiere de consensos más amplios y estables.
Desde el punto de vista económico y administrativo, los informes técnicos respaldan la viabilidad de la adhesión al convenio. La previsión es que tenga una vigencia inicial de cinco años y que genere unos ingresos estimados de 8,8 millones de euros en ese periodo, sin impacto adicional en el gasto municipal. El aumento de la carga de trabajo, calculado en torno al 20 %, se absorbería mediante la reorganización de recursos humanos ya previstos, sin necesidad de incrementar la plantilla.
El acuerdo supone un paso importante para reforzar el control sobre las viviendas turísticas ilegales, pero también pone de manifiesto que Alicante necesita mayores consensos en cuestiones estructurales. La regulación del uso turístico del parque residencial es uno de los grandes retos de la ciudad y exige miradas compartidas y acuerdos más amplios para dar respuestas duraderas a un problema que afecta al equilibrio urbano y a la convivencia vecinal.
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