La reciente decisión de la Generalitat Valenciana, bajo el gobierno del Partido Popular, de conceder la autorización de emisiones a la atmósfera a la empresa ASV FUNESER S.L. para reabrir el crematorio de Sant Joan d’Alacant constituye un grave error político, sanitario y moral. Una decisión que antepone los intereses privados a la salud pública, y que pone en jaque la calidad del aire, la seguridad ambiental y la dignidad de los vecinos de una zona especialmente sensible.
Un peligro junto al hospital y las viviendas
El crematorio se encuentra ubicado en la Avenida Miguel Hernández 87, junto al Hospital Universitario de Sant Joan, centros educativos y residencias. No se trata de una zona industrial, sino de un entorno urbano densamente poblado, donde viven familias, estudian niños y se atienden personas enfermas. En este contexto, autorizar la emisión de gases contaminantes —por controlados que sean— resulta un acto de irresponsabilidad institucional.
Las cremaciones generan emisiones de mercurio, dioxinas, furanos y óxidos de nitrógeno, compuestos altamente tóxicos y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenos y causantes de enfermedades respiratorias graves. Estas sustancias no desaparecen: se dispersan por el aire, se depositan en el suelo y pueden ser transportadas a kilómetros de distancia, afectando a la población y al ecosistema.
La Generalitat se escuda en que la empresa ha instalado un “horno de última generación” con “sistemas avanzados de depuración”. Pero ningún filtro ni sistema de combustión puede garantizar la eliminación total de las emisiones peligrosas. Las dioxinas y los metales pesados, incluso en concentraciones mínimas, son bioacumulativos y persistentes en el medio ambiente.
Además, el permiso concedido tiene una vigencia de ocho años, prorrogable, lo que significa prolongar durante casi una década la exposición potencial de los vecinos a un riesgo evitable. Que se impongan “controles reforzados” no resuelve el problema: lo legitima.
Un conflicto entre negocio y salud pública
La decisión de la Conselleria de Medio Ambiente no puede analizarse al margen de los intereses económicos que la sustentan. La empresa ASV FUNESER S.L. busca reanudar una actividad lucrativa, mientras la Generalitat —en lugar de defender la salud ciudadana— actúa como facilitadora.
El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha recordado que una actividad “molesta, insalubre, nociva y peligrosa no cabe” en esta ubicación. Lo mismo han advertido desde Compromís y la Plataforma Anticrematorio, que ya en el pasado lograron paralizar el proyecto. No se trata de una cuestión política, sino de principio ético y sentido común: ningún negocio puede imponerse al derecho fundamental a respirar un aire limpio y a vivir sin miedo a enfermar.
Los vecinos de Sant Joan ya han demostrado que son capaces de organizarse para defender su entorno. Hoy, vuelven a hacerlo porque saben que nos va en ello la salud, la vida y la dignidad. En un momento en que la emergencia climática y la contaminación urbana están en el centro del debate global, permitir que un crematorio emita gases tóxicos junto a un hospital resulta un anacronismo intolerable.
La Generalitat aún está a tiempo de rectificar, escuchar a la ciudadanía y actuar con prudencia. La verdadera modernidad no está en los hornos “de última generación”, sino en las políticas públicas que priorizan la salud y el bienestar de las personas.
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