El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha vuelto a poner en entredicho la viabilidad del polémico proyecto que plantea la instalación de seis grandes depósitos de combustible en el muelle 19 del Puerto. Esta vez lo hace de forma contundente: exige que se someta a una evaluación ambiental completa, dado el riesgo que supondría para varios espacios naturales protegidos del entorno.
Entre los enclaves amenazados se encuentran el Cabo de las Huertas y los espacios marinos de Tabarca y Tabarca-Cabo de Palos, todos ellos dentro de la Red Natura 2000. El informe técnico recibido por la Autoridad Portuaria advierte de forma clara que un proyecto de estas características podría afectar gravemente a la integridad ecológica de esas zonas, lo que lo haría inviable si no supera con garantías los filtros ambientales exigidos por la legislación vigente.
El documento, firmado por el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, incide en los riesgos específicos del funcionamiento de la planta: vertidos, derrames, accidentes durante el atraque de petroleros, o el trasvase de carburantes mediante operaciones de bunkering. Riesgos que no han sido evaluados de forma oficial, ya que —según reconoce el propio Ministerio— no ha recibido hasta ahora ninguna solicitud formal para emitir informe sobre este proyecto.
La exigencia es clara: o se realiza esta evaluación con urgencia y se remite toda la documentación necesaria, o el proyecto no podrá avanzar. Además, el requerimiento ministerial afecta también a la modificación de usos del Puerto, en la que se ha basado el plan de la empresa promotora. Esa modificación ya ha sido tramitada, pero el Ministerio reclama ahora información sobre cómo se han tenido en cuenta las posibles afecciones a los ecosistemas protegidos.
Todo esto ha salido a la luz después de que un miembro de la Plataforma por un Puerto Sostenible notificase el caso al Ministerio. Esa misma plataforma ha denunciado el proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con una batería de motivos que apuntan a posibles irregularidades en la concesión otorgada en 2019. Entre ellos, destacan la falta de evaluación ambiental, la división del proyecto en fases sin justificación técnica, la ausencia de informe de seguridad por parte de la Conselleria de Emergencias, o la dudosa solvencia de la empresa.
Mientras tanto, el desarrollo del proyecto también queda en suspenso por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, y por el análisis de la licencia de obras, que sigue sin resolverse de forma definitiva tras un controvertido episodio de retirada y posterior revisión por parte del Ayuntamiento.
Ante esta situación, la ciudadanía no puede permanecer al margen. La amenaza que suponen estos depósitos para el litoral y la biodiversidad marina es real. Este no es un conflicto técnico ni burocrático, es una cuestión de salud pública, de protección del medio ambiente y de modelo de ciudad. La movilización social ya ha conseguido frenar en otras ocasiones proyectos agresivos con el entorno. Ahora, más que nunca, es necesario alzar la voz y exigir un puerto sostenible y limpio, que mire al futuro sin hipotecar nuestro territorio ni poner en riesgo la riqueza natural que nos rodea.
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