El reciente acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Jumilla (Murcia) para vetar celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas no es un hecho aislado, ni un simple episodio de intolerancia local. Es, en realidad, la expresión de un problema mucho más profundo: el uso partidista de la religión y la quiebra sistemática del principio constitucional de aconfesionalidad.
La decisión —que parece una concesión más del PP a los postulados ultras de Vox— pone en evidencia una doble vara de medir alarmante: mientras se criminaliza la práctica religiosa de la minoría musulmana, se siguen financiando con fondos públicos manifestaciones religiosas católicas, como procesiones de Semana Santa o romerías, que ocupan el espacio público durante días, colapsan servicios y alteran el calendario laboral y escolar.
¿Hasta cuándo va a mantenerse este desequilibrio sin que se abra un debate real sobre el papel de la religión en la vida pública?
La cuestión no es únicamente que se niegue el uso de instalaciones deportivas a quienes celebran el Ramadán. El problema estructural es que en un Estado oficialmente aconfesional, la religión católica sigue siendo tratada como religión de Estado de facto: no paga IBI en muchos casos, recibe financiación directa e indirecta, goza de un calendario laboral adaptado a sus festividades, y marca el tono cultural de lo público.
Mientras tanto, otras confesiones —y especialmente la musulmana— son señaladas como extranjeras, invasoras, incómodas. La excusa del «respeto a las tradiciones» ha servido para blanquear prácticas discriminatorias que solo refuerzan un imaginario nacional excluyente: el que define lo español como blanco, cristiano y conservador.
La deriva es peligrosa. Ya lo vimos en Torre Pacheco, donde el odio alentado desde discursos institucionales y redes sociales acabó en auténticas cacerías racistas. O en Castell de Ferro, donde un grupo de bañistas agredió a migrantes que apenas acababan de pisar tierra. Estos actos no surgen de la nada: son el resultado de una estrategia política bien definida, que consiste en sembrar miedo y odio contra los sectores más vulnerables.
¿No ha llegado ya el momento de discutir, en serio, si queremos seguir subordinando la vida pública a una religión concreta? ¿Por qué seguimos manteniendo privilegios históricos a una confesión en nombre de una tradición que no representa a todos?
Revisar el papel de la religión católica en el espacio público —desde la financiación de sus fiestas hasta el calendario laboral— no es un ataque a la fe. Es una defensa de la igualdad, del pluralismo y de la neutralidad del Estado (que si les sirve para la economía, tendrán que aplicar el cuento a todo lo demás). Y también, una forma de resistir al avance de un discurso excluyente que no solo discrimina por razones religiosas, sino que amenaza con dinamitar los fundamentos democráticos de nuestra convivencia.
Es hora de que el debate sobre la aconfesionalidad deje de ser tabú.
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