El PSOE ha lanzado una propuesta que, a primera vista, parece ofrecer una mayor libertad laboral: la posibilidad de que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años si así lo desean. Además, se plantea la jubilación parcial, permitiendo compatibilizar un empleo con el cobro de una parte de la pensión. En teoría, esto suena como un avance en derechos, una mayor flexibilidad para aquellos que aún sienten ganas y fuerzas para seguir en activo. Pero, como suele ocurrir, la letra pequeña de estas reformas esconde un problema mucho mayor.
Durante toda nuestra vida laboral, dedicamos al trabajo nuestras cuatro horas más productivas de 335 días al año. Nos dejamos la espalda, la vista y la salud mental en la oficina, en la fábrica, en el andamio o en la consulta. Nos dicen que la esperanza de vida ha aumentado, que somos más longevos y que, por lo tanto, tiene sentido alargar la vida activa. Sin embargo, vivir más años no significa necesariamente vivirlos con calidad, ni mucho menos que debamos pasar la última etapa de nuestra vida atados a una mesa de trabajo.
El argumento de la elección es tramposo. Claro que habrá personas con vocación que deseen seguir trabajando más allá de los 65 años. Pero esta medida abre la puerta a una normalización peligrosa: la de retrasar la jubilación de todos los sectores, incluso aquellos donde el desgaste físico hace imposible prolongar la actividad sin riesgos para la salud. No es difícil imaginar el siguiente paso: un fontanero de 70 años tratando de agacharse a reparar una tubería o un albañil de 71 subido a un andamio. ¿De verdad alguien cree que esto es sostenible?
El gran problema es que esta propuesta solo beneficia a quienes ya gozan de estabilidad económica. Aquellos que tienen dinero, o lo consiguen fácilmente, pueden permitirse el lujo de trabajar hasta que decidan retirarse. No es lo mismo ser un alto funcionario con una jornada cómoda que un trabajador del sector de la construcción, la sanidad o la hostelería. Para estos últimos, extender la edad de jubilación no es un privilegio, sino una condena.
Si realmente se quiere mejorar la calidad de vida de los trabajadores mayores, la solución no es hacerles trabajar más tiempo, sino garantizar jubilaciones dignas. Que puedan disfrutar de los años que les quedan, no como una carga para el sistema, sino como ciudadanos que han dedicado su vida al progreso del país y que merecen, por fin, un respiro. No caigamos en la trampa: esta medida no es una opción, es el principio de una imposición camuflada.
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