La Generalitat Valenciana ha decidido embarcarse en una cruzada ideológica cuyo único propósito es desmantelar un modelo educativo que ha demostrado su eficacia. Su última ocurrencia: trasladar a los padres la responsabilidad de decidir en qué lengua estudian sus hijos. Una consulta populista, carente de rigor pedagógico y con una evidente intencionalidad política.
Que sean las familias quienes elijan la lengua vehicular de la enseñanza es tan absurdo como si los pacientes decidieran cómo deben tratarles los médicos. La enseñanza no es un menú a la carta, sino una disciplina estructurada basada en criterios profesionales. Si un centro educativo ha determinado que un modelo lingüístico es el más adecuado para su comunidad escolar, ¿qué sentido tiene cuestionarlo desde la ignorancia de quienes no tienen formación en la materia?
Las direcciones de los colegios han recibido órdenes de mantenerse al margen, lo que deja a las AMPA, asociaciones educativas y a iniciativas individuales la responsabilidad de informar y organizar debates sobre el tema. Sin embargo, el despropósito no acaba ahí: ni los plazos ni las formas permiten una decisión meditada y consensuada. Por lo que todo apunta a que el objetivo real es generar confusión, división y, finalmente, debilitar la presencia del valenciano en la educación.
Se están dando casos en los que familias con más de un hijo pueden acabar con cada uno en un modelo distinto, lo que complica la planificación educativa y fragmenta aún más el sistema, por no hablar del gasto que supondrá en material escolar. Algunos centros han optado por una estrategia defensiva: unir fuerzas y votar en bloque para preservar el modelo vigente. Sin embargo, no todos los padres están de acuerdo, y la falta de consenso debilita la posibilidad de frenar esta imposición absurda.
Más allá de la votación, la realidad es que, con el eterno desacuerdo para formalizar un pacto que se extienda en el tiempo, en un par de años esta normativa podría quedar en papel mojado. Las decisiones educativas no deberían ser juguetes políticos que cambian con cada gobierno. Lo coherente, lo sensato y lo justo es respetar la planificación establecida por los profesionales y no someter a la educación a los vaivenes del populismo lingüístico.
Esta consulta no es un ejercicio de libertad educativa, sino un ataque calculado contra el valenciano. Y, lo que es peor, un experimento irresponsable con el futuro de nuestros hijos e hijas.
Un vídeo que lo explica mejor:
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